En un contexto de total impunidad en casos de desaparición y violaciones a los derechos humanos, defensores en Jalisco muestran preocupación por la falta de postura por parte del gobernador electo, Enrique Alfaro, con relación a su política para hacer valer las garantías fundamentales, expusieron integrantes del Centro de Justicia para el Desarrollo (Cepad).

Durante una reunión con organizaciones colegas en Ciudad de México, César Pérez Verónica, director ejecutivo del Cepad, señaló que en el estado norteño del país existe una relación entre el crimen organizado con miembros de la clase política y el empresariado.

Lo anterior, dijo, explica los niveles de violencia que vive la entidad. Agregó que no es posible entender el surgimiento y fortalecimiento de la organización cártel Jalisco Nueva Generación, sin la colusión entre la delincuencia y gobierno.

Por su parte, Anna Chimiak del área jurídica del Cepad destacó que, el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas notifica al 30 de abril 3 mil 388 personas desaparecidas en Jalisco, lo que coloca al estado en el tercer sitio del país.

Ello, agregó, sin que exista justicia verdadera para estos casos. Para Chimiak ello envía un mensaje negativo con relación a que en Jalisco se puede desaparecer sin ningún costo.

Frente a este contexto, expuso Chimiak, Cepad coadyuvó a la creación e implementación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en la entidad, así como de la Comisión de Búsqueda de Personas, instancias que aún presentan retos para conseguir resultados, debido a la continuación de malas prácticas y la falta de recursos tanto financieros como humanos.

Para ambos integrantes de Cepad el reto en materia de procuración de los derechos humanos en Jalisco hacia la próxima administración es enorme.

En primer lugar, resaltó Chimiak, debido a una falta de postura de Alfraro sobre el tema, lo que causa temor con relación a que pueda existir un retroceso para la fiscalía y la comisión de búsqueda.

En tanto, para César Pérez el mayor reto para la siguiente administración del estado es deslindar los vínculos que se han señalado entre gobierno y crimen organizado.