El grupo parlamentario de Morena en el Senado se propone quitar al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República (PGR) los recursos millonarios que aho-ra reciben por bienes decomisados a narcotraficantes y canalizar-los a las Secretarías de Salud, Educación y Bienestar.

De 2006 a 2011, el Consejo de la Judicatura Federal obtuvo cerca de 18 mil millones de pesos por bienes decomisados y la PGR 142 millones, que deben canalizarse a combatir las causas que generan la delincuencia y la inseguridad, se señala en la exposición de motivos de la iniciativa del coordinador de los senadores de Morena, Ricar-do Monreal.

Se trata de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a otros ordenamientos, presentada en la pasada sesión, que parte de un cambio de visión en materia de seguridad para privilegiar la prevención social de la violencia y el crimen organizado sobre la represión.

Se destaca en la iniciativa que al quitar esos recursos no se lesiona la autonomía financiera del Poder Judicial de la Federación, que cuenta con presupuesto considerable y otros ingresos, en-tre ellos el Fideicomiso de Pensiones Complementarias de Jueces y Magistrados.

El senador Monreal argumentó que los recursos producto de decomisos a integrantes de la delincuencia no son prioritarios para el Poder Judicial. Ejemplo de ello es el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, que hasta el 30 de junio contaba con cerca de 3 mil millones de pesos y en dos meses sólo había utilizado poco más de 5 millones de pesos.

Es decir, cada trimestre se incrementa el saldo de ese fondo, con egresos mínimos, lo que evidencia la falta de uso de estos recursos para actividades inherentes a la administración de justicia.

En cambio, quitar ese beneficio a la PGR y el Poder Judicial y pasarlo a las secretarías de Educación, Salud y Bienestar permitirá fortalecer los programas tendientes a combatir la pobreza y las adicciones y permitir que los jóvenes puedan estudiar.

La reforma establece que los recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos federales se destinarán a las secretarías de Educación, Salud y Bienestar, una vez que se haya reparado el daño a víctimas del delito, de darse el caso.

Se plantea que la reforma entre en vigencia el primero de enero de 2019 para que se ajuste al ejercicio fiscal actual.