Morelia, Mich., Por un desacuerdo en la concesión de 217 hectáreas de tierras comunales, en los últimos días resurgió el conflicto entre la empresa trasnacional Ternium y 465 comuneros de San Miguel Aquila, dueños de la mina de hierro que se encuentra ubicada en la periferia de la cabecera municipal.

Representantes de la empresa ítalo-argentina argumentaron que ya no tienen espacio de maniobra para colocar los desperdicios minerales, por lo que se redujo la extracción de hierro en 80 por ciento, por lo que cada comunero que recibía entre 15 y 18 mil pesos mensuales por regalía, este mes sólo obtuviera un cheque de 5 mil pesos, informó uno de los comuneros, Juan Hernández.

Ayer más de 300 campesinos se reunieron en asamblea para analizar el camino a seguir, porque no quieren hacer las cosas precipitadas y entregar durante 10 años el mineral que hay en esas 217 hectáreas, a las que habría que sumar 383 hectáreas concesionadas desde hace seis años, donde a diario extraen unas 15 mil toneladas que se llevan a Manzanillo y a distintas partes del mundo.

La empresa quiere que firmen nuevas condiciones

Juan Hernández sostuvo que no desean firmar ningún acuerdo con la empresa –si cuentan con la asesoría de diputados o senadores que recién llegaron al Congreso federal– ¿por qué la empresa parece tener urgencia de que ratifiquemos nuevas condiciones antes de que se vaya el presidente priísta, Enrique Peña Nieto?

“El consorcio nos presiona con la reducción de extracción de hierro y el argumento que está dando es falso, ya que cuenta con terreno suficiente para colocar el desecho de mineral, quiere que firmemos cuanto antes como condición para que se normalice la explotación de la mina.

Hay desconcierto

La gente está desconcertada porque de pronto se frenó la producción y nuestras regalías bajaron estrepitosamente, apuntó.

Recordó que desde la misma empresa surgieron estrategias políticas que han divido a los comuneros con el fin de pagar lo menos posible en regalías.

Antes de abril de 2012 los comuneros recibían prerrogativas por mil 200 pesos anuales, pero fue gracias a un movimiento que encabezó Agustín Villanueva Ramírez que lograron que éstas superaran los 15 mil pesos mensuales para cada comunero, detalló.

Contó que a Villanueva Ramírez le fabricaron delitos por secuestro y robo que lo mantuvieron en prisión, junto con dos compañeros, de agosto de 2013 a octubre de 2017; incluso, ya lo habían condenado a 47 años de prisión.

Comentó que quieren destituir al presidente de bienes comunales, José Cortés Ramos, debido a que no ha cumplido con sus obligaciones, y parece favorecer intereses ajenos a los de los comuneros.

Además, ya se cumplió su periodo de gestión y necesitamos a alguien que defienda nuestros intereses y no de gente ajena, subrayó Juan Hernández.