El Congreso de la Unión pedirá al presidente Enrique Peña Nieto que garantice el derecho de las comunidades a una consulta adecuada para otorgar o negar su consentimiento sobre el uso de sus tierras y recursos naturales, y que se garantice que las personas defensoras de derechos humanos efectúen su activismo de una forma segura.

Lo anterior, porque de acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2013 gran parte de las 2 mil 600 concesiones mineras en México operaban en territorios ancestrales sin el consentimiento de los pueblos indígenas

Aunado a ello, se indica en el dictamen aprobado en comisiones, desde 2007 la autoridad ambiental de México ha otorgado concesiones madereras en más de 24 mil hectáreas de territorio indígena en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua; sin embargo, no consultó a las comunidades indígenas afectadas, como lo exige el derecho internacional.

Se resalta que las personas que se opusieron a la entrega de concesiones (mediante acciones legales o protestas), han sido víctimas de amenazas de muerte, ataques y asesinatos. Desde 2016, seis miembros de la comunidad han sido asesinados. Sin embargo, este no es un problema limitado a la Sierra Tarahumara o a la tala.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la perredista Angélica de la Peña, resaltó en su propuesta de punto de acuerdo que, de acuerdo con el informe ¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en 2017, elaborado por Global Witness, a raíz del aumento del crimen organizado, la impunidad y la incapacidad del gobierno mexicano para proteger a las personas defensoras ha llevado al brutal silenciamiento de quienes se oponen a la explotación maderera, la minería y otras industrias en sus tierras.

Aumentan homicidios contra defensores

Ese informe destaca que el aumento en los homicidios de personas defensoras ha coincidido con un incremento masivo de asesinatos derivados del crimen organizado. En 2017, los grupos criminales fueron supuestamente responsables de miles de ejecuciones, convirtiéndolo en el peor año registrado.

En el dictamen avalado ayer en comisiones, se apunta que el año pasado Global Witness documentó 207 asesinatos de defensores y defensoras de la tierra y del medio ambiente: personas comunes y corrientes asesinadas por defender sus bosques, ríos y hogares contra las industrias destructivas.

Se indica que en ese informe se señala que las personas defensoras del medio ambiente y la tierra suelen enfrentarse a intereses políticos, comerciales y criminales, que se confabulan para robar sus recursos naturales.

“A menudo, esas poderosas fuerzas buscan marginar a los defensoras, calificando sus acciones de ‘antidesarrollo’”, se resalta en ese informe, y añade que muchas personas defensoras enfrentan años de amenazas de muerte, criminalización, intimidación y acoso, pero reciben poca o ninguna protección por parte de las autoridades.