Los pueblos indígenas en
el renacimiento de México

Milton Gabriel Hernández García Etnólogo y Doctor en Desarrollo Rural

Una agenda que busca saldar una deuda histórica

El pasado 24 de junio se realizó en Morelia el Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas “Por el reconocimiento de nuestros derechos en el renacimiento de México”, convocado por la Coalición Juntos Haremos Historia y el Movimiento Indígena Nacional (MIN), pero pasó casi desapercibido en la prensa nacional. Participaron representantes de pueblos indígenas de prácticamente todo el país, quienes elaboraron un documento que le fue entregado a Andrés Manuel López Obrador al día siguiente, en su cierre de campaña en Michoacán. AMLO firmó el documento que contiene siete propuestas fundamentales. 

La primera consiste en lograr el reconocimiento integral “de nuestros derechos en la Constitución Federal y las leyes reglamentarias, dando cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés”, pero también a partir de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos internacionales. Esta propuesta parte del reconocimiento de que ha existido una política de dominación a través de las instituciones como el Instituto Nacional Indigenista (INI) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), por lo que se demanda también la cancelación del indigenismo como política de Estado. Además se señala la necesidad de hacer un reconocimiento de los pueblos afrodescendientes.

Una segunda propuesta consiste en la armonización del marco jurídico constitucional, con el objetivo de garantizar el ejercicio eficaz del derecho a la libre determinación y autonomía indígena en todos los ámbitos y niveles, así como el reconocimiento de los procesos autonómicos de facto, particularmente el autogobierno indígena de los municipios de Cherán, en Michoacán; Oxchuc, en Chiapas, y Ayutla, en Guerrero, entre otros.

La tercera propuesta consiste en una renovación y rediseño de las instituciones del Estado mexicano con relación a los pueblos indígenas, empezando por la propia CDI. Se plantea también la revisión de las políticas públicas correspondientes, buscando que tengan una perspectiva integral, transversal, intercultural e incluyente. Ello implicaría la creación de una Secretaría de Pueblos Indígenas, la cual tendría “por mandato diseñar, planear, implementar, ejecutar coordinar y evaluar todas las políticas, programas y acciones del gobierno federal, para dar atención a los rezagos, reivindicaciones y aspiraciones legítimas de los pueblos indígenas de México”. Esta nueva institución se concibe como un nuevo organismo público que debe ser puente de diálogo y búsqueda de consensos entre los pueblos indígenas y el Estado y debe estar dirigida por personas indígenas con compromiso y experiencia. Se propone también que esta nueva institución contribuya al fortalecimiento de los procesos de autonomía y autodesarrollo de los pueblos indígenas, a la protección y el aprovechamiento sustentable de tierras, territorios y recursos naturales, a la revitalización y transmisión de culturas, valores y saberes ancestrales, lo cual es fundamental en la necesaria renovación ética y moral que demanda el país y que ha propuesto el próximo presidente.

La cuarta propuesta tiene que ver con la asignación de un presupuesto integral, participativo y transversal, suficiente para la implementación de las políticas, programas y acciones del gobierno federal, relativa a los pueblos indígenas. Con esta reasignación de los recursos públicos bajo un enfoque compensatorio se propone superar gradualmente las diferencias en el desarrollo asimétrico que ha existido entre las regiones indígenas respecto de las no indígenas, así como la búsqueda de justicia, equidad al “superar el 1.6% del presupuesto federal” que actualmente se destina a los pueblos indígenas. En el documento también se plantea que debe existir una asignación directa de recursos públicos a las comunidades indígenas y “que las reglas de operación de los diversos programas del gobierno fede ral sean flexibles, pertinentes, contextualizadas e interculturales”.

La quinta propuesta consiste en la exigencia de que se garantice la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones nacionales, “mediante la creación de una instancia representativa, democrática y permanente, que sea un espacio de encuentro, diálogo y acuerdo de los 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano”. La sexta propuesta consiste en la exigencia de que se garantice un verdadero proceso de diálogo y consulta, de acuerdo con los estándares internacional en la materia, a fin de que “seamos escuchados y tomados en cuenta, con relación al proceso de reforma constitucional, legal e institucional; a nuestros planes de vida y con todas las medidas legislativas y administrativas que sean susceptibles de afectar nuestros derechos”.

La séptima propuesta es lanzar una convocatoria a un Congreso Nacional de Pueblos Indígenas, el próximo 9 de agosto, a fin de dar inicio con un proceso de diálogo en el que “podamos hacer los planteamientos y construir los acuerdos para el reconocimiento pleno de nuestros derechos y el establecimiento de las políticas e instituciones que resuelvan de fondo los graves problemas y desafíos que viven nuestros pueblos a lo largo y ancho del territorio nacional”.

Adelfo Regino, quien fue designado por AMLO para encabezar la agenda indígena en su gobierno, enfatizó que es necesario retomar los principios y contenidos de los acuerdos de San Andrés Larrainzar, pues su reconocimiento pleno y efectivo constituye una deuda del Estado y de la sociedad mexicana con los pueblos originarios. Habiéndose realizado el foro antes de la jornada electoral del primero de julio, entre los y las asistentes ya gravitaba la sensación de que los pueblos indígenas están haciendo historia en este proceso de transformación nacional y que sin duda se están creando las condiciones para que sean protagonistas en el renacimiento de México.

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