l 2 de julio 2018, como secretario de Hacienda entrante, usted declaró que el gobierno de AMLO evaluaría una reforma al sistema de pensiones. Y agregó: el problema de las pensiones se va acelerando al pasar el tiempo. Sí pretendemos hacer una reforma eventualmente, pero no en este momento. Vamos a tratar de hacerlo entrado el sexenio, ya cuando tengamos todo lo demás bien puesto. Trataremos de mejorarlo (El Economista, 3/7/2018).

¿Problema? ¿Qué se acelera con el tiempo? Es preciso, distinguir muy bien qué ha generado ese problema al que usted se refiere. Para ello, lo primero es establecer –con precisión– los impactos fiscales que tienen las fallidas reformas tecnocráticas sobre IMSS, Issste, IMSS-Patrón, Pemex, CFE y la denominada banca de desarrollo. Hay quien estima que, a 2016, hasta 56 por ciento del gasto programable en pensiones (617 mil millones de pesos) deriva del costo por el tipo de reformas aplicadas.

¿Por qué esperar hasta entrado el sexenio para avanzar una solución al problema que se va acelerando? Si primero se tiene todo lo demás bien puesto, es muy probable que no pueda corregirse de raíz el asunto, tal y como ocurrió en los 2I años de vida del Sistema de Ahorro para el Retiro. Aún peor: si no se corrige el camino andado, podrá seguirse surtiendo munición al falso dilema de decidir entre pagar pensiones o emplear mejor esos recursos, propalado interesadamente por quienes buscan preservar –a toda costa– el actual estado de cosas.

Ese dilema fue visualizado (en 2017) por Carlos Ramírez desde la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), cuando declaró: se van a seguir destinando los recursos para el pago de pensiones. Pero la pregunta es si eso es justo, equitativo y si realmente es sostenible que se estén sacrificando recursos para otros propósitos.

Más recursos se van a tener que destinar al pago de pensiones de beneficio definido y se seguirán consumiendo recursos valiosos que se podrían destinar a otros propósitos: salud, educación, infraestructura y pobreza. Su costo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 ya equivale a tres veces lo destinado a la Secretaría de Educación Pública (La Jornada, 17/5/2017).

Por su parte –también en 2017– el, entonces, secretario de Hacienda, José Antonio Meade, amenazó al decir que la presión que ejerce sobre el gasto público la necesidad de financiar el creciente déficit para el pago de pensiones es uno de los factores que determinarán la magnitud del recorte para el gasto en 2018 (La Jornada, 29/7/2017). Lo siguió el –entonces– director del IMSS, Mikel Arriola, quién se atrevió a comunicar que el instituto enfrenta un gasto de más de 2 billones de pesos para los próximos 70 años: éste es el saldo del régimen de beneficio definido de los trabajadores-IMSS. Y puntualizó: es un universo de 270 mil personas que cobran una pensión 800 por ciento mayor y que se gradúa para ser pensionado a los 52 años (La Jornada, 25/4/17).

Por otra parte, se aguarda del gobierno entrante –magnitud del mandato recibido– iniciar empleando un lenguaje preciso, evitando incurrir en exageraciones tecnocráticas. Ellas sólo contribuyeron a polarizar el debate, la peor vía para entrar con seriedad a la atención urgente de un asunto público de semejante calado. Caso contrario, Dr., estaría usted, de entrada, traicionando ese mandato de cambio urgente e impostergable.

También Dr., su invocación a los tiempos para atender el asunto resulta técnica y políticamente desafortunada. México discute con rigor, desde 1995, la equivocada opción del, entonces, presidente Zedillo, para privatizar los recursos pensionarios, del apartado A, en el régimen Afores. También debatió, en amplio, el mismo impacto regresivo del apartado B que conlleva la reforma Calderón-Beltrones al Issste (2007) y –no se diga– la nunca consumada, iniciativa-Peña para autonomizar Pensionissste (2015).

Así que esperar hacerlo entrado el sexenio desperdicia la oportunidad de instalar, ahora mismo, una Comisión de estudiosos que –aprovechando el largo periodo para que el nuevo gobierno asuma funciones– establezca ya, una evaluación integral de las fallidas reformas tecnocráticas del arco 1995-2016. Y postule los desafíos para el diseño de un adecuado sistema pensionario con cobertura a todos los mexicanos del siglo XXI. La tarea de esa Comisión podría culminar en una serie de recomendaciones vinculantes para que el nuevo gobierno tome cartas en el asunto desde su primer día. Disponer de un Consejo Fiscal podría ser útil aunque insuficiente.

La Comisión se traduciría en un acto gubernamental hoy prioritario: garantizar las pensiones de aquellos que pasarán a retiro, comprometiéndose –simultáneamente– a dotar de futuro pensionario, con horizonte definido, a las generaciones de jóvenes que ya tocan a la puerta. Para ello, Dr. Urzúa, lo primero es evaluar. Y asumir, con toda responsabilidad, el mandato del cambio del que es depositario.

*Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco