Después de demás de 20 horas de mantener una guardia en el exterior de la escuela Enrique Rebsamen con la intención de evitar la demolición del plantel, familiares de los estudiantes y maestros que perdieron la vida al desplomarse el inmueble durante el sismo del 19 de septiembre del año pasado, decidieron levantar su movimiento al recibir una explicación detallada sobre qué partes se derribarán para evitar afectaciones a predios aledaños.

La tarde de ayer, la juez 16 de distrito de amparo en materia penal, con sede en la Ciudad de México, Yazmín Ruiz, ordenó la suspensión temporal de la demolición del Rebsamen y fijó el próximo 12 de julio como fecha para celebrar una audiencia en la que se determinará si se concede o se niega la suspensión definitiva de dicho derrumbe. Ese recurso fue presentado por la defensa de la propietaria del inmueble, Mónica García Villegas, el pasado jueves.

A las ocho de la noche del pasado jueves, un grupo de padres de las víctimas decidieron instalarse afuera del centro escolar, en la calle de Rancho Tamboreo y calzada de las Brujas, colonia Nueva Oriental Coapa, delegación Tlalpan, al enterarse de que la Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX) y la Secretaría de Obras, ambas del gobierno local, comenzarían el viernes los trabajos de demolición de esa institución, con lo que se borrarían los indicios de la responsabilidad de autoridades y los dueños de esa escuela en la muerte de 19 niños y siete adultos.

A pesar de que pasaron toda la noche alertas, cerca de las 9:30 horas, junto con vecinos, realizaron una valla humana, porque según una notificación, el derrumbe estaba previsto a las 10 horas, no obstante esto no ocurrió.

Cerca de las nueve de la mañana, la jefa de Gobierno electa Claudia Sheinbaum, se comunicó con el mandatario capitalino, José Ramón Amieva, para solicitarle detener los trabajos mientras no se diera a conocer a los familiares y abogados los avances de las investigaciones y peritajes en el edificio.

Esa petición la hizo pública la virtual gobernante de Morena a través de su cuenta de Twitter, y minutos después, Amieva anunció, en entrevista radiofónica, que se detendría la demolición y precisó que se tenía que llegar a un acuerdo, ya que, por un lado, están los familiares de los menores fallecidos y, por otra, los vecinos del inmueble que advierten sobre el riesgo de que éste colapse.

Alrededor de las 10 de la mañana, la titular de la fiscalía de Tlalpan, de la PGJCDMX, Alicia Rosas, acudió al colegio y explicó a los padres que la intención no es la demolición, sino empezar con los estudios para saber el estado del inmueble y posteriormente decidir la forma más viable para el derrumbe sin afectar las construcciones contiguas, y se les ofreció una reunión vespertina con los peritos de la procuraduría.

El encuentro se realizó con ese personal después de las 14 horas, en el búnker de la procuraduría –en la colonia Doctores– y la presidió su titular Edmundo Garrido.

Luego de dos horas, los familiares –entre ellos Rosalba Badillo– y su abogado, Francisco Riquelme, comentaron que recibieron una explicación clara y precisa de qué acciones se realizarán en el Rebsamen, además de que cualquier derrumbe se haría con el aval de ellos, explicación con la que quedaron satisfechos, por lo que decidieron terminar su manifestación y estar en mesas de trabajo con las autoridades de esa corporación.

La PGJCDMX detalló en un boletín que la demolición de una losa del Rebsamen no afectaría las pruebas que se tienen, las cuales se encuentran resguardadas en la bodega de esta procuraduría.