a política migratoria de tolerancia cero por parte de la administración de Estados Unidos ha derivado en violencia innecesaria. Peor aún, la acusación del presidente Trump de que los migrantes menores y con familia comenten un abuso al acogerse a refugio, se pretende corregir por medio de otro abuso, este de peor calaña, que es criminalizar al padre y torturar al niño, al separarlo de su familia.

En cualquier sistema legal el menor de edad no puede ser considerado culpable cuando transita acompañado de sus padres y menos aún puede ser castigado. La decisión es de los padres, pero en este caso están dentro de un marco legal que les permite solicitar refugio cuando van acompañados de menores de edad. Porque primero están los derechos del niño. Los migrantes mayores de edad son automáticamente deportados, los menores solos y los que vienen acompañados tienen un resquicio legal al cual acogerse.

Y esto fue posible, porque el abogado Peter Schey, del Centro para Leyes Constitucionales y Derechos Humanos de Los Ángeles, litigó en 1997, en conpañía de su colega Carlos Holguín, el caso que se conoció como Flores Vs. Reno y se logró establecer legalmente la pertinencia del trato humanitario a los menores migrantes detenidos y su pronta liberación. En 2016 un juez federal ratificó la medida y especificó que los menores y las familias deberían ser liberadas en 20 días como máximo.

Ahora Mr. Trump promulgó una nueva orden ejecutiva que da marcha atrás a la separación de niños migrantes que venían acompañados, pero solicitó al procurador general, Jeff Sessions, que pida a la jueza del caso Flores que rectifique o modifique su decisión para poder detener de manera indefinida a las familias mientras se procesan sus casos o son deportados. Esta solicitud pone en evidencia que la administración de Trump no respetó este mandato al separar, por decisión unilateral, a los niños de sus padres.

La presión de Donald Trump al sistema judicial estadunidense es algo nunca visto en la historia del país y compromete la posible independencia de los jueces y el debido proceso. El procurador general ha empezado a revisar y revertir casos en los que un juez había concedido refugio por razones de violencia doméstica. Las instrucciones que ha dado a los jueces son precisamente endurecer sus posiciones y desechar los casos que tienen que ver con un criterio más amplio de refugio.

Por otra parte, se presiona a los jueces de migración para que resuelvan más casos. En promedio atienden 678 casos al año y quieren elevar la productividad, lo que afecta la calidad de la decisión y el debido proceso.

La política de tolerancia cero lo único que va a generar es complicar aún más la situación en los juzgados, incrementar el número de detenidos (en la actualidad son más de 700 mil) y alargar la estancia de los que ya están en los centros de confinamiento. Es una bola de nieve que va a terminar por colapsar el sistema.

La estrategia de Trump en el tema migratorio ha sido, por llamarlo de algún modo, integral. Quiere modificar todo, tanto la migración legal como la indocumentada. Y utiliza la modalidad del chantaje, le dice al Congreso que tome las decisiones sobre el futuro de los Dreamers (DACA), que resuelva los casos de estatus temporal protegido (TPS por sus siglas en inglés), que cancele las visas familiares a las que llama migración en cadena y las que califica como lotería de visas. También modificó las condiciones en el acceso a visas de los profesionales. Y si no se resuelve el TLCAN se acabará con las visas NAFTA.

Sobre la migración irregular, su obsesión principal, como constructor, es el muro y acabar con la política de catch and release (captura y liberación), que era una modalidad práctica y económica de regular un flujo de trabajadores que eran necesarios para la economía. Anteriormente se capturaba a los que cruzaban la frontera y se les devolvía a territorio mexicano. Luego se empezó a tomarles huellas y datos a los migrantes y los obligaban a que firmaran una salida voluntaria, finalmente todos los migrantes son fichados, confinados, y se acabó con esta práctica.

Pero no ha podido ser cancelada en el caso de los niños no acompañados (por los general adolescentes) y en el caso de la migración familiar. Precisamente por el caso Flores Vs. Reno que les permite tramitar su juicio en libertad. Ventaja de la que se aprovecha también el gobierno, porque es la familia del migrante la que se encarga de los gastos de alojamiento y manutención una vez liberados y por el tiempo que demore el juico.

Con la política de tolerancia cero, nuevamente Donald Trump quiso pasarle la bola al Congreso, chantajearlo y echarle la culpa a los demócratas que impiden una reforma migratoria a su gusto y que no le dan dinero para la construcción del muro e incrementar la represión contra los migrantes.

Pero por primera vez el chantaje no ha le ha funcionado, menos aún cuando la moneda de cambio eran niños llorando a mares y llamado a sus padres.