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Por trabajo o matrimonio forzoso

Viven en condición de esclavitud 417 mil menores de 18 años en América Latina
 
Periódico La Jornada
Viernes 15 de junio de 2018, p. 17

En América Latina y el Caribe existen 417 mil menores de 18 años en condición de esclavitud por trabajo o matrimonio forzoso. En la estimación mundial más reciente sobre el trabajo infantil y la esclavitud moderna, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se destaca que no sólo los adultos padecen las peores formas de explotación laboral y física, también niños y adolescentes, pues 10.7 millones se ven obligados a trabajar.

De acuerdo con las cifras difundidas recientemente, en la región se calcula que al menos 209 mil niños vivían un matrimonio forzoso, aunque la cifra podría ser más elevada, pues reconoce que debido a la forma en que se midió en 2016 la cifra de quienes enfrentan esta condición, se subestimó su extensión total.

En lo que se refiere al trabajo forzoso, que incluye a los menores sometidos a explotación sexual, el organismo multinacional detectó que 208 mil menores de 18 años enfrentan esta condición, que afecta en mayor medida a niñas y adolescentes, pues 2.4 de cada mil mujeres han sido víctimas de esclavitud moderna, frente a 1.5 de cada mil varones.

Agrega que esta brecha de género se agudiza en el matrimonio forzoso, pues es 12 veces superior para las mujeres en comparación con los hombres que son sometidos a esta violación de sus derechos humanos.

La Organización Internacional del Trabajo destaca que entre los medios de coacción a los que se recurre para someter a un ser humano al trabajo forzoso se incluye la violencia sexual, ejercida casi exclusivamente contra las mujeres, lo que incluye a las menores

Además, enfatiza que muchas de las víctimas del trabajo forzoso se encuentran sometidas a situaciones de servidumbre por deudas, lo que las obliga a trabajar sin tener posibilidad de irse, pues se estima que 36 por ciento del trabajo forzoso en la región es impuesto debido a servidumbre por deudas, donde los honorarios por contratación y los gastos de agencias constituyen la deuda que obliga a la víctima.