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Interponen en la PGJ denuncia contra Chíguil

Familiares de víctimas del Divine lo acusan de homicidio y lesiones

 
Periódico La Jornada
Jueves 14 de junio de 2018, p. 32

Familiares de víctimas de la discoteca News Divine presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia capitalina, por el delito de homicidio y lesiones, en contra del candidato de Morena a la alcaldía de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, y el ex director de gobierno, Rafael Bustamante Martínez.

Hasta el momento ninguna autoridad señalada como responsable ha sido sancionada, por lo cual demandaron al procurador general de Justicia, Edmundo Garrido Osorio, ordenar la investigación inicial y formular la imputación que corresponda, señalaron.

Consideraron que, una vez integrada la carpeta de investigación y acreditado el hecho delictuoso en que incurrieron, se podrá actuar contra quien o quienes resulten responsables y condenarlos a la reparación del daño, como es el caso de ambos personajes.

Martín Rocha Sánchez, padre de Erika Rocha Maruri de 13 años, quien falleció; y Claudia Martínez Alcalá, madre de Jennifer Jiménez Martínez, que presenta graves secuelas de por vida por falta de oxígeno al cerebro, afirmaron que no ha habido justicia para las víctimas.

Después de nueve años de realizarse el operativo fallido en ese lugar, donde murieron 12 jóvenes, no han sido investigados, procesados y sentenciados Chíguil y Martínez, con lo que se actualiza la violación a nuestras garantías individuales.

El daño provocado por ambos ex funcionarios, señalados como responsables de los hechos, afecta a la familia completa, al observar que no han sido sancionados conforme a derecho y continúan en el servicio público, hecho totalmente reprobable.

La decisión por ello de presentar las denuncias con número 14841 y 15062, ante la PGJ y se investigue en estricto apego a derecho, con base en la legislación correspondiente y los tratados internacionales de los que forma parte el Estado.

Hoy no se ha hecho justicia y menos se ha reparado el daño a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, como se establece en declaraciones y convenciones internacionales, por lo que exigieron a la procuraduría capitalina actuar en el caso y evitar la impunidad.