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Sentencian a 4 oficiales por desaparición forzada, tortura y violación en un caso de 1981

Cárcel a ex militares en Guatemala por crímenes durante la guerra civil

Familiares de Marco Antonio y Emma Guadalupe Molina Theissen celebran fallo de la justicia

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Emma Theissen, madre de Marco Antonio Molina, desaparecido en 1981 por el ejército cuando tenía 14 años, poco antes de escuchar la sentencia contra los militares que se llevaron a su hijo y que previamente habían violado y torturado a su hermana Emma Guadalupe (en la imagen derecha). Ambas fueron captadas en la corte guatemaltecaFoto Afp
Afp
 
Periódico La Jornada
Jueves 24 de mayo de 2018, p. 24

Guatemala.

Un tribunal de Guatemala condenó este miércoles a penas de más de 30 años de prisión a cuatro militares de alto rango retirados, por la desaparición forzada del menor Marco Antonio Molina Theissen y la violación y tortura de su hermana, Emma Guadalupe, en 1981, durante la guerra civil (1960-1996).

El juez Pablo Xitumul leyó la sentencia contra los generales retirados Benedicto Lucas –ex jefe del Estado Mayor del ejército– y Manuel Callejas, y los coroneles jubilados Francisco Gordillo y Hugo Zaldaña.

A Lucas, Callejas, Gordillo y Zaldaña les impusieron 33 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y violación agravada, por los vejámenes cometidos en un cuartel contra Emma Guadalupe Molina Theissen.

Por la desaparición forzada de su hermano, Marco Antonio, fueron sentenciados a 25 años más de prisión todos los militares, excepto Gordillo.

El tribunal absolvió de los cargos al quinto implicado, el general retirado Edilberto Letona, agregó el juzgador.

La condena fue decidida unánimemente por los tres jueces que integran el Tribunal de Mayor Riesgo C, uno de los que revisa en Guatemala los casos de alto impacto social.

El tribunal consideró que los militares actuaron contra civiles y se extralimitaron en la doctrina de lucha contra los grupos insurgentes durante el conflicto armado.

Decenas de activistas, que esperaron casi 14 horas para escuchar la sentencia, aplaudieron y se abrazaron, mientras familiares y allegados de los militares gritaron consignas en favor de los condenados y cantaron el himno del ejército.

La familia Molina Theissen obtiene justicia después de casi 37 años de lucha. Este proceso, reparatorio, reconoce su verdad, declaró la costarricense Marcela Martino, subdirectora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Las fuerzas armadas guardaron silencio por las condenas contra los ex jefes castrenses y el vocero de la institución, Óscar Pérez, se limitó a indicar que el ejército es respetuoso de la decisión de los órganos jurisdiccionales.

Molina Theissen fue secuestrado por una unidad del ejército en la casa de sus padres, en la capital guatemalteca, el 6 de octubre de 1981, cuando tenía 14 años, y a la fecha continúa desaparecido.

El secuestro fue cometido un día después de que su hermana, en esa época de 21 años, escapó de un cuartel militar en el oeste del país donde sufrió torturas y violación en varias ocasiones por soldados.

Quiero decir a los señores acusados que les devuelvo la vergüenza, que les devuelvo el terror (...) Ojalá tengan un poquito de honor y nos digan dónde está Marco Antonio, dijo este lunes durante la fase final del proceso Emma Guadalupe sobre su hermano.

Los militares en retiro, detenidos desde enero de 2016, desacreditaron las acusaciones y señalaron que el juicio perseguía un resarcimiento económico, algo que rechazó la familia.

Benedicto Lucas es hermano del fallecido Romeo (1978-1982), derrocado por un golpe de Estado que llevó al poder al recién fallecido ex dictador Efraín Ríos Montt.

Gordillo, uno de los condenados, formó parte de un triunvirato militar que gobernó tras el golpe.

Por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado guatemalteco pidió perdón en noviembre de 2006 por la desaparición del menor.

Lucas escuchó la sentencia del tribunal por videoconferencia desde el hospital militar donde se encuentra recluido. A pesar de las penas, la legislación guatemalteca estipula que una persona sólo puede pasar hasta 50 años en prisión.

El conflicto armado guatemalteco dejó unos 200 mil muertos y desaparecidos, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas, que responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado de 93 por ciento de las violaciones de los derechos humanos cometidas en ese lapso.