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Familiares acusan omisiones de diplomáticos

Llevan a Corte de Canadá caso de opositor a mina asesinado
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 19 de mayo de 2018, p. 25

San Cristóbal de las Casas, Chis.

La familia de Mariano Abarca Roblero –asesinado en 2009 por oponerse a la explotación de minas por la empresa canadiense Blackfire Exploration– y organizaciones civiles informaron ayer que acudieron a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia por el homicidio.

La queja fue entregada al comisionado en Ottawa, con la exigencia de que se inicie una investigación por las acciones y omisiones del cuerpo diplomático canadiense en México a causa del hostigamiento y criminalización que sufrió Abarca Roblero durante su lucha contra el impacto ambiental de la minería en Chicomuselo, donde fue asesinado, dijeron en rueda de prensa.

Destacaron que, en esencia, sus alegatos se basan en la investigación respecto de que la embajada de Canadá en México violó la política relacionada con sus industrias extractivas en el exterior y con la identificación y la prestación de apoyo a los defensores de los derechos humanos.

Consideraron que esa y otras omisiones incrementaron el riesgo que enfrentaba Mariano por defender la vida y los derechos humanos en Chicomuselo, municipio situado en la sierra de Chiapas, donde la empresa canadiense Blackfire explotaba una mina de barita.

Reiteraron que entregaron al comisionado suficiente información recabada durante casi nueve años en México y en Canadá, con lo que demostramos que la embajada del país del norte en México actuó en contubernio con Blackfire Exploration, en diferentes momentos, antes del asesinato de Abarca.

Recordaron que Abarca Roblero era amenazado, criminalizado, incluso fue denunciado por la empresa minera, y luego detenido y encarcelado por las autoridades estatales. Afirmaron que la embajada canadiense intervino en la política interna para abogar en favor de la empresa ante el gobierno de Chiapas.

Aun después del asesinato del activista, la embajada continuó asesorando a la empresa, inclusive sobre cómo demandar a México bajo los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte frente a la clausura de su mina por violaciones ambientales.