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NAICM: lo que mal comienza...
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a historia del Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México se remonta a 2002, cuando luego de discutirse las ventajas y desventajas de construirlo en la zona de Texcoco, estado de México o en Tizayuca, Hidalgo, el gobierno de Vicente Fox se inclinó por la opción de Texcoco, lo cual motivó un gran descontento social en el municipio de San Salvador Atenco, cuyos habitantes se percataron de que el interés del gobierno del estado de México se debía a los grandes negocios de especulación con las tierras para ese aeropuerto y sus zonas aledañas, negándose a vender sus tierras, patrimonio y medio de subsistencia, dando lugar a grandes manifestaciones de protesta.

Luego de feroces ataques y amenazas de represión a la población de Atenco, por parte de los gobiernos federal y estatal, Vicente Fox decidió cancelar el proyecto y en su lugar hacer algo más modesto y razonable: construir una segunda terminal de pasajeros en el aeropuerto existente, con el propósito de incrementar su capacidad de operación. La nueva terminal comenzó a construirse en 2004, con un costo cercano a los 10 mil millones de pesos, entrando en operación en el año 2007.

Por ello, llamó la atención pública que en la madrugada del 3 de mayo de 2006, fuerzas policiacas del estado de México irrumpieran en el poblado de San Salvador Atenco sacando de sus casas a hombres y mujeres, llevándoselos detenidos por los diversos actos de protesta, ocurridos en respuesta a las pretensiones de los funcionarios del nuevo gobierno del estado de apoderarse de sus tierras, no obstante que el proyecto del aeropuerto en Texcoco había sido cancelado. Después se sabría que el ataque al poblado en el que habían muerto dos jóvenes y varias mujeres habían sido golpeadas, torturadas y violadas, había sido ordenado por el nuevo gobernador del estado de México, llamado Enrique Peña Nieto, quien fue denunciado por las mujeres agredidas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál era la razón de este ataque caracterizado por el abuso de fuerza cometido por quien supuestamente debía velar por el bienestar de sus gobernados?

Este hecho dio lugar a la recepción que le dieron los estudiantes de la Universidad Iberoamericana seis años después, cuando Peña Nieto realizaba su campaña electoral para la Presidencia de la República, quien no pudo responder sus preguntas e increpaciones. Otro aspecto oscuro, relacionado con las líneas de aviación, es el referente a la venta de la empresa Mexicana de Aviación al señor Gastón Azcárraga, dueño de Hoteles Misión, quien luego de adquirir la empresa, decidió poner en venta las rutas que tenía concesionada la aerolínea, entre Ciudad de México y las ciudades más importantes del país, así como de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa para luego declararla en quiebra (con el apoyo del gobierno de Felipe Calderon). El resultado de dichas operaciones fue la concentración de los pasajeros en el Aeropuerto de Ciudad de México, cuando las aerolíneas existentes optaron por cerrar sus rutas periféricas, obligando a los pasajeros que viajaban de una ciudad a otra, a volar a Ciudad de México para hacer allí la conexión a su destino, incrementando con ello los ingresos de esas aerolíneas en detrimento de la población.

¿Que tanto ha crecido el tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Ciudad de México, a partir de este estrategia comercial? ¿Por qué no se ha optado por el diseño de una red de rutas periféricas que impulsen el desarrollo equilibrado del país, en lugar de insistir en el esquema centralista que ha hecho de Ciudad de México una de las ciudades más grandes e ineficientes del mundo? En este sentido, vale la pena recodar que la puesta en servicio del aeropuerto actual en 1952, tuvo como efecto que en esa década se diera el mayor crecimiento poblacional de Ciudad de México, pasando de 3.1 a 4.9 millones (lo cual implicó un crecimiento de 61 por ciento) y que ese crecimiento se diera mayoritariamente en el entorno de ese aeropuerto.

En este extraño contexto, el gobierno actual, en un acto presidido por el presidente Enrique Peña y su secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, anunció en 2013, la construcción del NAICM como algo decidido de manera similar al proyecto de un tren de alta velocidad entre las ciudades de México y Querétaro, sin la existencia conocida de estudios de impacto ambiental, económico y demográfico, ni de licitaciones relacionadas con ambos proyectos. ¿Se trataba de una sorpresa del gobierno para mostrar su enorme capacidad técnica y logística para responder a las necesidades de modernización del país ante el proceso de globalización que implicaba el incremento sustantivo de la competitividad internacional y de atracción de capitales extranjeros? ¿O era el simple deseo de realizar negocios de alto rendimiento, tanto para los funcionarios al amparo del poder, como para los empresarios que habían financiado buena parte de la campaña electoral que había llevado a Peña Nieto a la Presidencia?

El comportamiento que han mostrado los altos funcionarios del actual gobierno, envueltos en todo tipo de escándalos y actos de corrupción, incluyendo el del tren de alta velocidad a Querétaro, los temas relacionados con OHL y Odebrecht, así como el del paso exprés de Cuernavaca, nos lleva a pensar necesariamente, que el proyecto NAICM debe ser revisado con cuidado ante la perspectiva de posibles irregularidades y delitos cometidos en ese proyecto fastuoso. Las investigaciones realizadas por el equipo de Carmen Aristegui nos han permitido conocer ya el extraño caso de la barda perimetral de este aeropuerto, que la Secretaría de Comunicaciones encargó a la Secretaría de la Defensa Nacional con el propósito aparente de eliminar la necesidad de licitar ese proyecto, utilizando a esa secretaría como pantalla que permitiese a la Secretaría de Comunicaciones, contratar libremente a varias empresas amigas con el resultado del encarecimiento de 90 por ciento en el desarrollo de esta obra. ¿Qué otras irregularidades existen? No le faltan razones a López Obrador para exigir claridad, como tampoco faltan para explicar las negativas de Meade y Anaya para que el proyecto se investigue.

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