on su manido argumento de que Estados Unidos es tratado de manera injusta por sus socios comerciales de todo el mundo, el jueves Donald Trump anunció que la próxima semana decretará la imposición de pesados aranceles a las importaciones de acero y aluminio de 25 y 10 por ciento, respectivamente. La amenaza de encarecer la entrada de estas materias primas desató una caída en los principales indicadores bursátiles estadunidenses, así como temores de una guerra comercial generalizada por las medidas de reciprocidad que podrían tomar las naciones afectadas.

La arremetida arancelaria no es la primera medida adoptada por el magnate que contraría de manera explícita el dogma neoliberal de la globalización, entendida como libre flujo de bienes y servicios a través las fronteras. La salida del ambicioso Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, las amenazas constantes de imposición de tarifas a las empresas que localicen su producción fuera de territorio estadunidense, el brutal recorte impositivo diseñado para incentivar la relocalización de empleos ubicados en el extranjero, así como la renegociación forzada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte son otros tantos ejemplos de la convicción del actual gobierno republicano de avanzar en el camino del proteccionismo, es decir, el énfasis en el mercado interno más que en el comercio global. Esta convicción se refleja en la confianza del mandatario de que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, con la cual respondió a los señalamientos vertidos por las partes afectadas.

En este sentido, no sólo los ciertamente contradictorios arranques de Trump, sino también decisiones tomadas de manera democrática como lo ejemplifica la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, aprobada mediante un plebiscito, demuestran la falsedad de uno de los dogmas repetidos con mayor insistencia por las cúpulas empresariales y políticas de nuestro país durante más de tres décadas. Nos referimos a la noción de que el así llamado libre comercio es un proceso irreversible, que responde a un designio inexorable, y que los actores políticos se encuentran en todo punto impedidos para tomar cualquier medida de ajuste o contención de sus devastadoras consecuencias sociales.

Si bien las críticas a esta versión interesada del orden económico datan de tiempo atrás, acontecimientos como los referidos la han vuelto en todo punto insostenible. Queda claro, entonces, que tanto el esquema de libre mercado como que se agrupan bajo el rótulo del proteccionismo son herramientas usadas por las élites para promover sus intereses, y que ambas son susceptibles de modificaciones cuando las circunstancias desplazan el acomodo de dichos intereses. Ante esta evidencia, resulta lamentable que desde finales del siglo pasado México renunciara de manera dogmática al uso de este tipo de instrumentos para proteger a los sectores más sensibles de su economía: aquellos que por sus características no pueden integrarse a la lógica neoliberal sin enormes costos humanos, e incluso sin efectos contraproducentes en el crecimiento económico.

En suma, debe abandonarse el carácter supuestamente intocable del libre mercado como pretexto para sostener un modelo económico probadamente lesivo para las condiciones de vida de las grandes mayorías. Sólo así podrán articularse formas de organización que, al margen de este u otros dogmas, restañen las enormes brechas sociales y favorezcan un desarrollo armónico, sustentable y equitativo.