Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió este vienes un año más el decreto que declara a Venezuela amenaza para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, debido a la erosión de los derechos humanos y la corrupción gubernamental, entre otras razones.

El decreto inicial, que califica a Caracas de amenaza, fue firmado el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama, quien un año más tarde lo prorrogó. Posteriormente, el 24 de agosto de 2017, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que lo amplía.

El mandatario estadunidense justificó su decisión argumentando la supuesta vulneración de los derechos humanos, la persecución de opositores políticos, el recorte de la libertad de prensa, el uso de la violencia y los abusos contra manifestantes antigubernamentales.

Desde su arribo a la Casa Blanca, Trump situó al país petrolero sudamericano en el centro de su política exterior para Latinoamérica y ya impuso sanciones económicas contra Maduro y más de medio centenar de sus funcionarios cercanos, en un intento por ahogar el financiamiento a ese gobierno. Washington prohibió además a entidades de Estados Unidos comprar más deuda al Estado venezolano y de la petrolera estatal.

La Casa Blanca aseguró que no retirará esas sanciones hasta que Venezuela regrese a la senda democrática. Incluso, Trump mantiene la amenaza de acción militar contra la nación sudamericana y castigos petroleros.

Consultada el jueves sobre la posibilidad de que Washington aplique un embargo petrolero a Caracas, la portavoz del Departamento de Estado estadunidense, Heather Nauert, afirmó: Estamos considerando todas las opciones para restaurar la democracia en Venezuela, incluidas sanciones individuales y financieras.