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Será asesor y litigante en el caso de Alejandro Gutiérrez, dice Antonio Collado

Baltasar Garzón se une a abogados del PRI que interpondrán denuncia en CIDH
 
Periódico La Jornada
Sábado 3 de febrero de 2018, p. 9

Mientras la defensa del priísta Alejandro Gutiérrez Gutiérrez informó que el juez español Baltasar Garzón se sumará a su equipo de abogados para que encabece una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la imposición de multas que en total suman 483 mil 600 pesos, para cuatro funcionarios de Chihuahua.

Entre los sancionados está el fiscal general César Augusto Peniche, por no dar respuesta a diversas peticiones ministeriales relacionadas con la investigación que realiza por presuntos actos de tortura cometidos contra el ex secretario general adjunto del PRI.

El abogado Antonio Collado, informó a La Jornada que la defensa de Gutiérrez ya tiene información de al menos tres dictámenes realizados por la PGR que dan cuenta de los tratos que se ha dado al priísta en el Centro de Readaptación Social (Cereso) 1.

“El juez Garzón va a colaborar como asesor y litigante en el tema de la queja que se va a interponer ante la CIDH, esto se definirá en los próximos días y también depende de si se realiza el traslado de Alejandro Gutiérrez a un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso).

La queja se interpondrá en los próximos días y el próximo lunes se presentará un amparo para que un juez federal conozca del asunto, se le transfiera a una prisión federal y deje de ser torturado, dijo Antonio Collado.

Gutiérrez fue detenido en diciembre pasado acusado de ser partícipe de transferencias ilegales de recursos públicos por 250 millones de pesos del erario de Chihuahua hacia campañas de candidatos del PRI en 2016.

Sobre las multas dictadas, la procuraduría informó que “la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Tortura de la PGR hizo efectivo el apercibimiento consistente en la imposición de diversas multas a funcionarios públicos de la Fiscalía General del Estado por no cumplir con diversos requerimientos ministeriales en los que se les solicitó información y documentación para integrar la investigación por el delito de tortura a Alejandro N.

En el caso del fiscal, César Augusto Peniche, le impusieron una multa equivalente a mil veces la unidad de medida, o sea 241 mil 800 pesos.

También fueron multados el director del Cereso, Juan Martín González Aguirre, la directora de inspección interna en funciones de fiscal especializada en control, análisis y evaluación, Erika Judith Jasso Carrasco, y el fiscal especializado en ejecución de penas, Jesús David Flores Carrete, cada uno con 80 mil 600 pesos.