Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano advirtió que la aplicación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) estaría dejando a las fuerzas armadas como cabeza de decisiones y (mostraría la) renuncia de la autoridad civil para responsabilizarse de acciones en materia de seguridad.

Lo anterior, al acudir, junto con Clara Jusidman, Alejandro Encinas y Jorge Fernández Souza, como parte de la organización Por México Hoy, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a entregar un análisis de las afectaciones que provocaría la plena vigencia de la Ley de Seguridad Interior.

El fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y también ex jefe de Gobierno de Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas, advirtió que la aplicación de la LSI restringe los derechos humanos consagrados en los artículos sexto y noveno, ya que si bien la legislación permite las manifestaciones, posibilita que éstas se cataloguen como riesgo a la seguridad nacional.

La organización Por México Hoy presentó ante la SCJN un recurso denominado amicus curiae (amigos de la corte) con la finalidad de que dicho tribunal tenga razones jurídicas, así como consideraciones de hecho y derecho, alternativas respecto de la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, pues consideramos que dicho ordenamiento vulnera el andamiaje constitucional y convencional de protección a los derechos elementales de los habitantes del país.

El amicus curiae no es un recurso que pueda ser rechazado como ocurre con las acciones de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, pues es una aportación de personas de reconocido prestigio que pueden aportar opiniones en temas de interés público que deban ser analizados durante el estudio de los casos.

Cárdenas Solórzano dijo que desde que el Ejecutivo envió esta iniciativa de ley al Congreso expresamos nuestra preocupación, porque es una iniciativa que de cobrar plena vigencia, estaría afectando derechos fundamentales de los ciudadanos, y nos pondría en riesgo de que fueran las fuerzas armadas las que sin ningún mandato de la autoridad civil, tomaran decisiones que podrían afectar la vida cotidiana y los derechos de la gente.

En sus argumentos, el grupo señala que con esta legislación nos regresa al Estado absolutista, en el que no existe el principio de división de poderes y fortalece desmedidamente a las fuerzas armadas para crear por medio de una ley secundaria un tipo de Estado diferente: un Estado policiaco-militar.