El 19 de octubre de 2015, una turba enardecida de pobladores del municipio de Ajalpan, Puebla, linchó a dos encuestadores al acusarlos de secuestradores. Los golpearon y quemaron hasta la muerte. Frente a estos hechos, las autoridades municipal y estatal tuvieron una actuación omisa, aun cuando supieron de la intención de los habitantes, y no hicieron nada para impedir las agresiones y salvar la vida de los jóvenes.

Concluyó lo anterior la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que emitió una recomendación al mandatario estatal, José Antonio Gali Fayad, y a los integrantes del ayuntamiento de Ajalpan.

Tras investigar el caso, el organismo advirtió que a pesar de que las autoridades municipales y de las secretarías de Seguridad Pública y General de Gobierno del estado tenían conocimiento de al menos 16 linchamientos previos en la entidad –en los que se rescató con vida a 21 personas y seis fallecieron–, en este caso no actuaron para evitar la muerte de los dos jóvenes a manos de los pobladores, con lo que vulneró su derecho a la vida.

Los hermanos trabajaban para una empresa encuestadora; ese día realizaban un estudio de los hábitos de compra y consumo de tortilla de maíz en ese municipio, lo que resultó sospechoso para algunos habitantes, quienes solicitaron la presencia de la policía. La actitud de los pobladores se tornó violenta, por lo que los uniformados llevaron a los encuestadores a la comandancia del palacio municipal. Sin embargo, un grupo de habitantes ingresó con violencia para sustraerlos. Después los golpearon brutalmente y les prendieron fuego, causándoles la muerte.

Tras concluir su investigación, la CNDH constató la omisión de la autoridad del ayuntamiento, que no solicitó apoyo a corporaciones de seguridad pública de municipios aledaños ni a la policía estatal; tampoco se adoptaron a tiempo las medidas pertinentes para protegerlos, además de la actuación omisa del alcalde de Ajalpan, quien fue informado oportunamente de la situación, y a pesar de que se encontraba a 10 minutos del lugar se presentó cuatro horas después.

El organismo nacional documentó la llegada de la policía estatal a la presidencia de Ajalpan cuando uno de los jóvenes se encontraba aún con vida, pero al ser agredidos y replegados por la multitud, los agentes no realizaron mayores acciones para rescatar a la víctima. Un delegado distrital de la Secretaría General de Gobierno de la entidad tuvo conocimiento de estos hechos en el momento en que sucedían, pero no dio cumplimiento a las disposiciones del “protocolo para la búsqueda de soluciones pacíficas, el diálogo y el respeto de los derechos humanos.

Ninguna de esas autoridades adoptó medidas para su prevención o protocolos de actuación para evitar la consumación del hecho, a pesar de que contaban con antecedentes y suficiente información de tal índole, lo cual acredita la responsabilidad por falta de prevención y protección en casos de linchamientos, lamentó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

La CNDH encontró que, con la omisión de actuación de las autoridades en este caso se violaron los derechos a la seguridad jurídica y a la vida de las víctimas.