El pasado 17 de agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación general 31/2017, con el objetivo de visibilizar la violencia obstétrica y eliminar toda práctica que vulnere las garantías de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio en las instituciones de salud, pero sin criminalizar ni estigmatizar la labor médica.

El documento está dirigido a los gobernadores de todas las entidades y a los titulares de las secretarías de Salud, Defensa Nacional y Marina, además a los directores de los institutos Mexicanos del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como Petróleos Mexicanos; en él llamó a dichas instituciones a diseñar y poner en práctica una política pública de prevención de violaciones de derechos fundamentales de las mujeres en gestación, centrada en su reconocimiento como protagonistas en la relación materno-fetal.

Para ello, afirmó que deben impulsarse acciones de capacitación y sensibilización continua del personal de salud para contrarrestar prejuicios basados en la discriminación de las mujeres y para el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas; así como informar a las usuarias sobre sus derechos y cómo ejercerlos.

En los dos años pasados la CNDH emitió 25 recomendaciones por violencia obstétrica, en relación con casos que dejaron 16 muertes infantiles y seis maternas.