La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las autoridades federales, estatales y municipales aplicar medidas cautelares en favor de alrededor de 4 mil personas de los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, Chiapas, que son víctimas de desplazamiento forzado y precipitado ante la violencia que impera en esa zona como consecuencia de un conflicto entre habitantes.

El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez lamentó que estas personas se hayan visto orilladas a abandonar sus lugares de residencia para proteger su integridad física, por lo que pidió su inmediata protección y resguardo para satisfacer sus necesidades básicas, al encontrarse en situación de riesgo extraordinario.

El oficio se dirigió al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón; al secretario general de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda; a los presidentes municipales de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y Chalchihuitán, Martín Gómez Pérez.

A estos funcionarios se les solicitó elaborar un censo de víctimas del desplazamiento forzado, garantizar su integridad y garantizarles alimentación, servicios de salud, educativos y la orientación jurídica, así como alojamiento condiciones dignas.

La CNDH también pidió a estas autoridades que realicen las acciones necesarias para solucionar la violencia, privilegiando el diálogo y la mediación entre las partes, a fin de que los afectados puedan regresar a sus comunidades de manera segura y duradera en el menor tiempo posible.