El Estado mexicano ha adoptado una política ambigua y débil con respecto al llamado Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, lo cual implica atenuar la obligación internacional de rendir cuentas sobre temas ecológicos y dar información a quien la solicite, advirtieron organizaciones civiles.

En conferencia de prensa, representantes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Centro de Análisis e Investigación Fundar y los colectivos Cultura Ecológica y Comunicación y Educación Ambiental, recordaron que el Principio 10 señala que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.

Sin embargo, pese a que los países firmantes de la Declaración de Río aceptan que el derecho a la información es esencial para el desarrollo sostenible y la consecución de un medio ambiente sano, las autoridades mexicanas han lanzado una serie de propuestas que no sólo no cumplen con dicho principio, sino que incluso tratan de limitarlo o hacerlo retroceder.

En este escenario, México ha enfatizado que ya cuenta con leyes de acceso a la información y de consulta a pueblos indígenas, pero sin mencionar que ambas normas tienen serios déficits en su aplicación, y que existe un clima de amenazas e intimidación contra los defensores de la tierra y el territorio.

Una de las posibles razones de esta defensa de la opacidad, indicaron los activistas, es evitar que las solicitudes de información sobre temas medioambientales puedan convertirse en una especie de estorbo para las compañías trasnacionales interesadas en invertir en México, ya que la sociedad podría exigir transparencia sobre sus actividades y, eventualmente, inconformarse con ellas.