San Cristóbal de Las Casas, Chis.

Pueblos y comunidades originarios de Chiapas expusieron a la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, al menos 30 casos de abusos de gran magnitud.

Los hechos denunciados, resaltaron, ilustran la grave situación de violación sistemática a los derechos humanos de pueblos originarios, así como despojo, aumento de riesgo a personas indígenas defensoras del territorio y migración.

En un informe entregado a Tauli-Corpuz, representantes expusieron historias de sistemáticas violaciones a derechos humanos, que acentúan la responsabilidad del Estado mexicano en casos de autonomía, autodeterminación y territorio; impunidad en crímenes de lesa humanidad y falta de justicia a pueblos indígenas; incremento de la violencia e inseguridad asociadas a delincuencia organizada, y mujeres e infancia indígenas como la población más vulnerable a abusos.

Guadalupe Vázquez, de la organización civil Las Abejas, explicó en conferencia de prensa, ofrecida ayer en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que el encuentro estaba programado para realizarse en Acteal, municipio de Chenalhó, pero dos días antes las autoridades determinaron que sería en Candelaria, municipio de San Cristóbal, debido a un conflicto por la disputa de límites entre Chenalhó y Chalchihuitán.

Representantes de otras agrupaciones informaron que pidieron a la relatora “reivindicar la exigencia de que se reforme nuevamente el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de retomar y actualizar los conceptos vertidos en la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), así como en los Acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 16 de febrero de 1996.

Agregaron que también le solicitaron que se pronuncie por el derecho a la tierra, al territorio, al agua y a la alimentación de los pueblos, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, así como que se desconozca y por tanto revoque todo decreto sobre área natural protegida, parque nacional, reservas de la biósfera, área comunitaria de conservación realizada sobre la base del despojo de territorios y de soberanía en la decisión sobre sus usos y destinos, de pueblos y comunidades indígenas.

Exigieron ante la relatora que se desconozca y revoque toda concesión minera, de parque eólico, explotación de mantos freáticos y yacimiento petroleros otorgados por los gobiernos federal o estatales sobre todos los territorios indígenas.