Especialistas señalaron que la falta de regulación sobre la publicidad oficial limita la libertad de expresión, afecta el acceso a la información y, frente a las elecciones de 2018, fomenta el uso indiscriminado de recursos públicos de los distintos órdenes de gobierno con el propósito de incidir en la contienda.

A unos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que ordena al Congreso regular la publicidad oficial, Paulina Castaño, del centro de análisis e investigación Fundar, advirtió que de 2013 a 2016 el gasto en publicidad del gobierno federal superó 37 mil millones de pesos, con un sobrejercicio de 71 por ciento.

En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que esa cifra equivale a lo destinado para la atención y prevención de desastres naturales en 2015 y 2016, y que 9 mil 769 millones de pesos están concentrados en dos televisoras.

De continuar esa tendencia, dijo, el gobierno de Enrique Peña Nieto podría ejercer un monto cercano a 60 mil millones de pesos al cierre de su administración. Por ello, consideró urgente que se implementen candados. Más aún cuando, añadió, hay estados que continúan reservando la información, como fue el caso de Veracruz durante la administración del priísta Javier Duarte.

Cambio de fondo

Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19 –organización que promovió el amparo que propició el proyecto de sentencia del ministro Zaldívar, a discutirse el día 15 en la primera Sala de la Corte– sostuvo que la resolución puede cambiar las estructuras de poder en el país.

Lo anterior, porque propone que el Congreso de la Unión regule la publicidad oficial a más tardar el 30 de abril próximo, mientras en el fondo del asunto está, señaló, que la omisión legislativa sigue perpetuando violaciones a la libertad de expresión y genera un efecto inhibidor o de control indirecto sobre los medios de comunicación, impactando directamente en el derecho de la sociedad a ser informada.

Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral, comentó a su vez que sin duda el uso indiscriminado de recursos públicos para propaganda electoral va en detrimento del ejercicio democrático y del derecho al voto libre.

Afirmó que la ausencia de regulación propicia esa utilización indiscriminada de recursos para promover aspiraciones de servidores públicos. Además, genera un efecto silenciador a los medios de comunicación y condiciona la línea editorial.

Jacqueline Peschard, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, resaltó a su vez que también se violenta el principio de transparencia. Vemos enormes déficits, quizá más en el ámbito local que federal. Asimismo, que la falta de regulación se da en un contexto de inseguridad, de amenazas a la libertad de expresión, así como de limitaciones a la prensa libre y de investigación.

Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas, insistió en que se deben transparentar los montos destinados a publicidad oficial, porque no hay un control sobre su ejercicio. Los sobrejercicios son casi una constante. Recientemente se publicó que, en 2016, el gobierno federal excedió en 257 por ciento el monto asignado a publicidad oficial. Es decir, de 2 mil 408 millones de pesos, llegó a los 8 mil 500 millones.