La Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina tiene cinco órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar relacionadas con las carpetas de investigación iniciadas por la caída de edificios o que resultaron con daños en el sismo del 19 de septiembre.

Su titular, Edmundo Garrido Osorio, informó que de las 189 indagatorias relativas a 166 inmuebles, en la delegación Benito Juárez están radicadas 87, poco menos de 50 por ciento; 25 en Coyoacán; 20 en Cuauhtémoc; seis en Gustavo A. Madero; 15 en Iztapalapa; ocho en Tlalpan; una en Venustiano Carranza; seis en Xochimilco y 17 en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana.

Indicó, sin embargo, que solamente dos delegaciones, Tlalpan y Benito Juárez, han entregado los expedientes que les fueron solicitados respecto de igual número de construcciones, los cuales son necesarios para agilizar la determinación de posibles responsabilidades, como en el caso del edificio de Emiliano Zapata número 56.

La delegación Cuauhtémoc respondió que sólo dispone de expedientes de cinco años atrás y todos los inmuebles relacionados con denuncia corresponden a años anteriores. Explicó que esto implica realizar una serie de estudios de gabinete y elaborar maquetas virtuales, para determinar cómo era la construcción, sus características y compararlo con el material levantado por los peritos en ingeniería forense.

Respecto de las personas que de manera indebida solicitaron la ayuda de 3 mil pesos para renta, Garrido explicó que hay 89 carpetas de investigación iniciadas a partir del trabajo de verificación que realizó la Contraloría General y en las que el Instituto de Vivienda ya formalizo la querella.

Explicó que para desahogarlos se dividieron en bloques para citar a 10 personas por día, y en el caso del primero, se presentaron a comparecer siete personas, de las cuales dos devolvieron el cheque al admitir que lo solicitaron indebidamente.

Cuatro personas dicen ser damnificadas y están por comprobarlo con documentación, y una más, que admitió también que solicitó el apoyo sin necesitarlo, solicitó al Invi un plazo de 10 días para reintegrar el dinero.

En los casos de personas que no se presentaron, indicó que la depenencia aplicará medidas de apremio y advirtió que si registraron un domicilio falso, será una agravante en el delito de fraude.