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El propósito, proteger derechos de las personas que enfrentan un proceso penal

En México hay alternativas a la prisión preventiva, asegura gobierno a la CIDH

Critican civiles la aplicación oficiosa de la medida; la mayoría de internos, sin sentencia, dicen

 
Periódico La Jornada
Miércoles 25 de octubre de 2017, p. 9

El gobierno federal aseguró ayer que cuenta con medidas alternativas a la prisión preventiva, con el propósito de proteger los derechos humanos de aquellas personas que enfrentan un proceso penal.

Durante su participación en el 165 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado en Montevideo, Uruguay, la Procuraduría General de la República (PGR) manifestó que la vigencia e instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene como finalidad respetar las garantías individuales y la presunción de inocencia de los probables responsables de un delito.

La prisión preventiva oficiosa que se aplica en México fue criticada por Ana Aguilar García, del Instituto de Justicia Procesal Penal, quien consideró que es contraria al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

A esta declaración se unió el director de Asilegal AC, José Luis Gutiérrez Román, quien señaló que casi 40 por ciento de los internos en los penales del país están presos bajo esta figura y no han recibido sentencia.

En respuesta, el Estado mexicano enfatizó el compromiso de los tres órdenes de gobierno, que realizan esfuerzos para atender los retos que enfrenta el país en materia de derechos humanos.

Los subsecretarios de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas; de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, y la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías, agregaron que la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y la aprobación de la ley general en materia de desaparición forzada regularán la actuación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y establecen medidas de atención, ayuda y asistencia, protección integral y reparación del daño para garantizar los derechos de las víctimas.

También destacaron los avances legislativos, programáticos y de políticas públicas que se han realizado en Coahuila, así como en las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.