La junta de coordinación política de la Cámara de Diputados confirmó ayer las fechas de cuatro comparecencias, ante comisiones, de los secretarios de Economía, Agricultura, Función Pública y Energía, en octubre, y de Educación y Medio Ambiente, en noviembre.

Asimismo, ayer las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN) insistieron en sus prioridades para el periodo de sesiones, cuando ya transcurrió parte de los tres meses y medio que dura ese lapso.

El coordinador del PRI, César Camacho, planteó a las otras bancadas lograr un consenso para aprobar la ley de seguridad interior, sin escatimar, sin chantajes, sin una actitud que busque dividendos de corto plazo o de orden partidario; sin mezquindades.

Consideró que el Congreso debe dar a los ciudadanos y a las fuerzas armadas una legislación respetuosa de los derechos humanos, que brinde certeza jurídica a ambos. Lo más riesgoso y delicado para un ciudadano es que la autoridad no tenga linderos, límites, es exactamente como estamos hoy, resaltó.

Por su parte, el coordinador del PAN, Marko Cortés, refirió que en la reunión de ayer de la junta de coordinación volvió a exigir que se apruebe el dictamen, en la Comisión de Puntos Constitucionales, para determinar el mecanismo de elección del fiscal general de la República, sin el pase automático del procurador.

Respecto de las comparecencias, la junta detalló que el 24 de octubre asistirán ante comisiones, por separado, los secretarios de Economía y Agricultura, Ildefonso Guajardo y José Calzada; el 25, la titular de la Función Pública, Arely Gómez; y el 30, el de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.

La cámara convocará a sesión ordinaria el 31 de octubre y reanudará actividades hasta el 7 de noviembre, por el puente de Muertos. Por ello, las comparecencias se reanudarán ese día, con el titular de Educación, Aurelio Nuño; y el 8 con el del Medio Ambiente, Rafael Pacchiano.

También se acordó que los vicecoordinadores de las bancadas se reunirán mañana, con objeto de definir las prioridades legislativas e integrar un calendario con los dictámenes pendientes de votación en el pleno.