Hazard, Kentucky.

El gobierno de Donald Trump dio otro paso hacia el desmantelamiento de las protecciones ambientales adoptadas en la presidencia de Barack Obama (2009-2017), al anular una ley que buscaba limitar las emisiones contaminantes de las centrales eléctricas de carbón.

Scott Pruitt, director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), anunció este lunes que firmará una nueva norma que anulará el Plan de Energía Limpia.

La guerra contra el carbón ha terminado, declaró Pruitt en el estado minero de Kentucky.

Pruitt –nombrado en ese puesto por Trump– está estrechamente vinculado con la industria del petróleo y el gas en su estado natal. Ha rechazado el consenso general de los científicos de que las emisiones causadas por el hombre procedentes de la quema de combustibles fósiles son la razón principal del cambio climático.

Para Pruitt, deshacerse del Plan de Energía Limpia marcará la culminación de una larga lucha que comenzó como fiscal estatal de Oklahoma. Formó parte de la veintena de fiscales estatales que entablaron una demanda para bloquear los intentos del presidente Obama para limitar las emisiones de carbono.

Trump, quien comparte el escepticismo de Pruitt sobre las causas establecidas del cambio climático, prometió anular el Plan de Energía Limpia durante la campaña presidencial de 2016 como parte de su compromiso para resucitar el alicaído sector del carbón.

Se espera que la norma que Pruitt firmará este martes declare que el Plan de Energía Limpia excedió la ley federal al establecer estándares de emisiones que las centrales eléctricas no podrían cumplir razonablemente.

Al aparecer en un acto con el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, Pruitt declaró: “Ni la EPA ni ninguna agencia federal debe usar su autoridad para decirle a usted ‘vamos a declararle la guerra en cualquier sector de nuestra economía’”.

El plan de Obama fue diseñado para reducir las emisiones de dióxido de carbono en Estados Unidos a 32 por ciento, por debajo de los niveles de 2005 para 2030. Esa norma dictó metas específicas de emisión para los estados con base en las emisiones de las centrales eléctricas y daba a los funcionarios un amplio margen de maniobra para decidir cómo lograr las reducciones.