El titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina, Edmundo Garrido Osorio, informó que se iniciaron 156 carpetas de investigación relacionadas con 144 inmuebles afectados por el terremoto, de las cuales 10 son por homicidio culposo, y apremió a las delegaciones a entregar los planos estructurales de dichas edificaciones para determinar las causas por la cuáles resultaron dañadas.

A esas denuncias de homicidio presentadas por familiares de algunas de las víctimas se suman 79 por fraude, 45 por cambio de uso de suelo, 18 por responsabilidades de directores de obra (DRO), una por sustracción de menores y tres por robo en igual número de inmuebles ubicados en la delegación Cuauhtémoc.

Las investigaciones continúan para determinar si en este último tuvo participación algún servidor público, sumando a la fecha 600 diligencias por peritos en criminalística, fotografía y arquitectura; mientras, la policía de investigación realizó 671 intervenciones entre inspecciones oculares, de campo y gabinete.

En conferencia de prensa, donde dio a conocer la captura de cuatro personas involucradas en tres robos a oficinas en las Lomas de Chapultepec, precisó que se realizaron 2 mil 283 diligencias durante la emergencia, entre las cuales están la identidad de los 228 cuerpos encontrados en 40 inmuebles que colapsaron.

Por el edificio de Génova número 33, en la Zona Rosa, el cual se encuentra en riesgo de colapso, se mantiene cerrada la calle y paralizadas las actividades comercialesFoto María Luisa Severiano

La detención de los primeros responsables requiere de dictámenes periciales de expertos en la materia, para lo cual se contrató a un perito en ingeniería forense y conocer por qué se afectaron esos 144 inmuebles, mediante el rescate de material y analizarlo en laboratorio, ver temas de resistencia y revisar los resultados contra los planos estructurales.

Dichos documentos fueron solicitados a las delegaciones donde se presentaron los casos, pero en los expedientes que han entregado sólo algunas de ellas, no vienen los planos, que son muy importantes para que el perito determine por qué se dañó esa edificación y fincar responsabilidades, precisó.

En el caso del colegio Enrique Rébsamen, explicó, la PGJ fue notificada el 6 de octubre por un juez de amparo que existe una suspensión provisional en favor de la directora, que limita a las autoridades que tengan contacto con la carpeta de investigación a dar información, en tanto no se efectúe la audiencia constitucional.

Por otra parte, dijo que la Contraloría General no les ha entregado los casos de personas que cobraron un apoyo de 3 mil pesos para renta sin ser damnificados, a fin de investigar estos casos de fraude, cuya penalidad dependerá del monto, la conducta y si hubo coparticipación.