El Estado mexicano debe cumplir con compromisos institucionales para el desarrollo y la mejoría en las condiciones de vida de la población, por lo cual, debe trabajar en un presupuesto público con perspectiva humanista, en el que algunas prioridades sean el respeto a los derechos humanos y combatir problemas como la pobreza y los rezagos en educación y salud.

Así lo plantearon los participantes en la presentación del Estudio sobre presupuesto público y derechos humanos, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se efectuó ayer en la casa de estudios.

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, destacó que la materia presupuestal no puede ni debe permanecer ajena a la perspectiva de derechos humanos, pues el Estado debe tener la solvencia y capacidad necesarias para lograr que los derechos sean vigentes. Sólo reformulando las políticas presupuestarias bajo una perspectiva humanista lograremos avanzar en este terreno.

Ante el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí, y otros funcionarios remarcó que el actual proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2018, enviado recientemente por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, tiene en términos generales algunos aspectos que hacen reflexionar sobre la importancia que actualmente da la política presupuestaria a la perspectiva de derechos humanos.

Llama la atención el que los recursos para soportar la operación de instituciones del gobierno federal en la prestación de servicios de salud y educación, entre otros, tengan una reducción que algunos calculan en cerca de 3.4 por ciento con respecto del año anterior y que, en contrapartida, el presupuesto para tareas de seguridad nacional haya crecido en casi 13 por ciento, lamentó.

Planteó que la educación es una de las mejores vías para la prevención de la violencia y de la inseguridad, pues produce resultados duraderos a largo plazo. En cambio, privilegiar el fortalecimiento de las capacidades reactivas del Estado no garantiza que se solucionen a corto plazo esos problemas, por el contrario, propicia que se cometan violaciones a los derechos humanos.

Indicó que la tragedia de las miles de personas afectadas por el sismo de hace unos días en Oaxaca y Chiapas no puede ser objeto de intereses coyunturales, políticos o de cualquier otra índole. Cuando las personas pierden sus viviendas y se ven obligadas a abandonar sus lugares habituales de residencia, se reducen las posibilidades de que puedan ejercer y pedir que se hagan vigentes sus derechos humanos.

El coordinador del PUED, Rolando Cordera, señaló que vivimos bajo las reglas y secuelas duras de la globalización, donde la imposición de la centralidad del mercado se ha traducido en promesas incumplidas del desarrollo.