En México siguen violándose de forma cotidiana los derechos de los migrantes indocumentados, quienes suelen ser víctimas de acoso y agresiones por parte de servidores públicos, en medio de un clima de creciente xenofobia –alentado por algunos medios informativos– y de falta de castigo a los responsables de los ataques.

Así lo advirtió el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW, por sus siglas en inglés), que examinó el tercer informe periódico de México sobre este tema, y lamentó la falta de avances en diversos aspectos relacionados con la vida y la seguridad de los migrantes en territorio nacional.

En sus observaciones finales, los expertos de la CMW saludaron la aprobación de diversas leyes de protección a los migrantes y el hecho de que México presente un informe sobre la situación de este sector vulnerable, pero también enunciaron diversos temas que son motivo de preocupación.

Uno de los principales es el que los defensores de los derechos de los migrantes indocumentados sean objeto de amenazas y agresiones por parte de grupos criminales de tráfico de personas, incluso en connivencia con autoridades, así como de campañas de desprestigio por parte de servidores públicos.

Otro punto es el alto número de quejas de acoso, corrupción y abuso de autoridad por agentes del orden, que son cerradas por falta de pruebas, así como los casos de extorsión en contra de familiares de personas detenidas en estaciones migratorias.

De igual forma, el organismo alertó sobre el aumento de la xenofobia a nivel social e institucional, y el rol de los medios de comunicación en crear y mantener estereotipos en contra de los migrantes.

Los especialistas también se dijeron preocupados por los procedimientos de control y verificación migratoria que se realizan con base en el perfil étnico de las personas, y los obstáculos que enfrentan los migrantes con estancias por razones humanitarias para recibir la Clave Única de Registro de Población, sin la cual no pueden acceder a sus derechos sociales.

En lo que se refiere a las mujeres migrantes, el CMW enfatizó que muchas de ellas no cuentan con las garantías legales para la protección de sus derechos laborales, en un marco e igualdad y no discriminación, y por lo tanto muy pocas logran acceder a trabajos en condiciones dignas, sobre todo en la agricultura.

Sobre ese mismo tema, el organismo resaltó que la legislación mexicana no contempla la reparación del daño a las y los trabajadores que perdieron el trabajo como consecuencia de hostigamiento y acoso sexual.

Por otro lado, lamentó los altos índices de impunidad de los delitos denunciados, la falta de confianza en las autoridades y el escaso presupuesto asignado para investigar adecuadamente esos delitos y asegurar la reparación apropiada.

Un aspecto que despertó la profunda preocupación del comité es el elevado número de medidas privativas de la libertad de trabajadores internacionales sin documentos en las 58 estaciones del Instituto Nacional de Migración, y en particular el hecho de que son descritas como una supuesta medida de protección.