n el debate sobre el futuro del comprometido sistema pensionario mexicano: el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), los bancos y las Afores suelen emitir información parcial, sesgada y tendenciosa.

Apenas en mayo 2017, el banco HSBC, en su reporte El Futuro del Retiro. Arenas movedizas, establece que –en México– tres cuartas partes de la población que trabaja están preocupadas por la baja de las pensiones estatales: el aumento de las deudas nacionales minan la confianza en la capacidad de las economías del mundo para seguir apoyando a las personas mayores. Asimismo, afirma, hasta 29 por ciento creen que las pensiones estatales ya no existirán cuando se jubilen.

¿Y qué sobre el fallido desempeño de los fondos pensionarios privatizados en las cuentas individuales de las Afores? Ni una palabra sobre ellos y la dinámica del SAR que, después de 20 años de operación, ofrecerá apenas pensiones equivalentes a un cuarto del último salario devengado: ¡25 por ciento! Para HSBC el asunto está localizado sólo en las pensiones estatales.

Ocurre exactamente los mismo con el estudio Las pensiones de los sistemas públicos de reparto: ¿la próxima crisis en México? al cargo de la Afore Principal –que ya en 2015, siguiendo a la consultora De la Calle/Madrazo/Mancera había recomendado incrementar la contribución del actual 6.5 por ciento a por lo menos 25 por ciento– y que, ahora, considera que las pensiones del sector público representan cada vez más una presión para las finanzas públicas, pues el gobierno las financia con los recursos obtenidos por impuestos.

¿Y con qué se financia el alto costo fiscal de las recientes y fracasadas reformas IMSS-Issste? ¡Pues justamente con impuestos! Como en el caso de HSBC no hay examen de la dinámica del SAR. Su preocupación se localiza sólo en las pensiones del sector público. En suma: Principal como HSBC viran a lo público para ocultar el patente fracaso de los propio. Algo similar –aunque con más desparpajo– divulgó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria CIEP en Pensiones en México: 100 años de desigualdad (2017).

Afore Principal –sancionada por Cofece al imputársele prácticas monopólicas absolutas– asegura que del total destinado al pago de pensiones” (2017) 97 por ciento fue a pensiones de sistemas públicos de reparto. ¿De veras? Aunque sucede que el peso más fuerte para esas finanzas públicas ha provenido del costo fiscal que han generado las reformas adoptadas por la tecnocracia hacendaria (zedillista y calderonista) sobre el IMSS-1995 e Issste-2007.

Según Odilia Ulloa Padilla “al momento de analizar el gasto público en pensiones, debe distinguirse entre sus componentes para valorar cuáles ejercen ‘mayor presión’ en el presupuesto. Por ejemplo, el gasto programable del sector público en pensiones para 2016 se estimó en 616.9 mil millones de pesos (3.2 por ciento del PIB) de los cuales 348.4 mil millones (56.2 por ciento) corresponden al costo de la reforma IMSS-Issste (1.8 por ciento del PIB). Lo anterior sin considerar otros elementos de costo fiscal como el gasto creciente de la pensión mínima garantizada” (Reforma de pensiones en México: diseño, promesas y evidencias, El Cotidiano, 204, UAM-A).

Pero para Afore Principal el asunto está claro: México requiere un cambio en materia de pensiones que incluya, sin excepción, a todos los sistemas públicos de reparto y que elimine cualquier clase de privilegios. ¿Y la dinámica de las cuentas individuales del SAR?

Para ese cambio, el minúsculo Partido Encuentro Social (PES) ha levantado airosamente la mano. El 30 de agosto 2017 expresó que su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados presentará una propuesta de reforma al sistema de pensiones. ¡Faltaba más! Y amenazando, su coordinador Alejandro González Murillo agregó que esa oportuna iniciativa podría incluir las masivamente repudiadas recomendaciones de la OCDE (2015) en la materia.

El sentido de innovación y autonomía de la oportuna iniciativa del minúsculo PES se aprecia –de cuerpo entero– cuando el diputado González Murillo responde –con elocuencia– que la previsible afectación sobre los trabajadores es una decisión que se tomará a partir del encuentro de ese minúsculo PES con los directores del IMSS, Mikel Arriola, Issste, José Reyes Baeza y Carlos Ramírez, presidente de la Consar. Es decir: la afectación dependerá de las cúpulas responsables de la crítica dinámica del SAR –mismas cúpulas que contrataron a la OCDE para que emitiera sus repudiadas recomendaciones– ¡no del minúsculo PES! Cierto: un partido del todo moderno seminalmente conectado con la sociedad!

Ya su posicionamiento frente al Quinto Informe de Gobierno del presidente Peña, confirma su grande modernidad. En la ocasión, el diputado Abdies Pineda presumió que el minúsculo PES ha presentado 188 iniciativas: pero estamos insatisfechos porque se quedaron en la congeladora legislativa.

Como grandes conocedores y estudiosos de nuestro desafío pensionario ¿qué suerte deparará a esa iniciativa 189 del minúsculo PES, ahora sobre pensiones de millones de mexicanos y sus familias? ¿La misma que la de las 188 previas que –completamente desconocidas– se extinguieron silenciosamente en la congeladora legislativa? ¿Volverán, por tanto, a quedar insatisfechos?

Puede ser. Pero eso sí: habrán cumplido con las cúpulas responsables del comprometido estado del SAR, sin reparar en la afectación –que su oportuna iniciativa– pudiera generar sobre el presente y futuro de pensionados, trabajadores activos y, especialmente, de los jóvenes. Habrá llegado, entonces, el turno para que esos afectados tomen la palabra.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco