Caracas.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, denunció este jueves un desfalco de 200 millones de dólares en contratos con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), y acusó a su antecesora, Luisa Ortega, de complicidad por no haber investigado el caso.

A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por lo que consideró el menoscabo a las instituciones democráticas en Venezuela y subrayó que la Asamblea Nacional Constituyente excede sus competencias y usurpa las del Congreso.

Según la CIDH, las competencias asignadas a la Constituyente “podrían permitir que ésta actúe como un ‘poder paralelo’ que afecta al Congreso y su representación popular”, lo que daña la separación de poderes y la democracia representativa. También apremió al gobierno de Nicolás Maduro a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La presunta defraudación a PDVSA se originó por sobreprecios hasta de 230 por ciento en contrataciones realizadas entre 2010 y 2016 en la faja petrolífera del Orinoco, indicó Saab en rueda de prensa.

El daño patrimonial vinculado a esta antigua gerencia (de la faja petrolífera), que fue removida por instrucciones del presidente Maduro, abarca una cifra cercana a los 200 millones de dólares, aseguró el funcionario.

Venezuela alberga las mayores reservas de crudo del mundo, y 90 ciento de esa riqueza se concentra en la faja del Orinoco, territorio de unos 55 mil kilómetros cuadrados.

Saab aclaró que el monto del detrimento corresponde solamente a 12 contratos adjudicados a 10 empresas examinadas en una primera fase de la pesquisa. La cifra podría aumentar al aparecer otras compañías vinculadas, apuntó.

El fiscal no reportó detenciones por ese caso, pero dijo que los dueños de las compañías serán interrogados y confió en que cooperen con la justicia. Asimismo, eximió de responsabilidad a los directivos de la estatal petrolera y aseguró que la investigación avanzó gracias a su colaboración.

Según Saab, aunque Maduro ordenó investigar el caso hace un año, la ex fiscal Ortega lo mantuvo archivado presuntamente para desviar las averiguaciones.

Ortega fue destituida el pasado 5 de agosto por la Asamblea Nacional Constituyente cuatro meses después de poner fin a su militancia oficialista, por considerar que Maduro había roto el hilo constitucional.

Hace dos semanas, la ex fiscal huyó a Colombia con su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, tras denunciar una persecución del mandatario venezolano.

Desde entonces ha viajado por el continente para continuar con sus acusaciones contra el gobierno de Maduro. Estuvo en Brasil, Costa Rica y ahora está en México, informó el portal de El Carabobeño.