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La descentralización de labores de seguridad ha sido rebasada

Admite Peña un aumento en la comisión de delitos
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El presidente Enrique Peña y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, en la 42 sesión del Consejo Nacional de Seguridad PúblicaFoto José Antonio López
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de agosto de 2017, p. 4

En este sexenio la política de combate a la delincuencia y al crimen ha sido de la mayor prioridad para responder a los retos que plantea ese fenómeno, pero ‘‘hay que reconocer que el diseño institucional vigente de descentralización de las labores de seguridad ha sido rebasado por los desafíos del siglo XXI’’, expresó el presidente Enrique Peña Nieto.

En el mensaje de clausura de la 42 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el mandatario se refirió una vez más a las débiles corporaciones locales de seguridad pública y apremió al Congreso a la aprobación de su iniciativa de mando único policial, enviada desde 2014 al Poder Legislativo para transformar mil 800 cuerpos policiacos en 32 policías estatales.

Incluso, esta vez fue más lejos y manifestó su oposición a la propuesta de ley para un mando mixto también en proceso, porque generaría ‘‘incertidumbre, falta de claridad y procesos administrativos que distraerían de las tareas de seguridad’’.

Y acotó enseguida: independientemente del modelo que se escoja es urgente alcanzar una definición en esta materia y actuar en consecuencia. Porque, indicó, mientras las organizaciones criminales han adoptado avances tecnológicos y se han vuelto sumamente complejas, muchas instituciones locales de seguridad no han evolucionado.

Insistió en la corresponsabilidad de todos los niveles y órdenes de gobierno, aunque ratificó la disposición de la administración federal por apoyar a las entidades en el tema de la seguridad. Para patentizar ese respaldo mencionó la inversión de más de 70 mil millones de pesos por medio de diversos fondos para apoyar a las entidades en el tema de la seguridad, más otros 6 mil 500 millones adicionales para los centros regionales de fusión de inteligencia y la consolidación y creación de las unidades estatales contra el secuestro.

Peña habló 15 minutos frente a los gobernadores del país (ausentes los de Oaxaca y Morelos) y los responsables de las instancias de procuración e impartición de justicia de todo el país, así como los titulares de las fuerzas armadas y representantes de los poderes Legislativo y Judicial.

Admitió un repunte en la comisión de delitos. Y dijo: ‘‘El fenómeno delictivo se está transformando’’. Si bien el combate a las organizaciones del crimen organizado ha tenido resultados positivos, en el ámbito local han surgido nuevos retos, como se manifiesta en que una parte significativa de los homicidios recientes corresponden al ámbito del fuero común.

Estos últimos pasaron de significar tres de cada 10 en 2011, a cinco de cada 10 el año pasado.

‘‘Es decir, 50 por ciento de los homicidios son por fenómenos delictivos locales, por robo, secuestro, pandillerismo, violencia intrafamiliar o contra las mujeres’’’, destacó.

De ahí la importancia de que en la escala local se tengan mejores herramientas, mecanismos y estrategias ‘‘para hacer frente a la realidad que vivimos, a este cambio que observamos en el fenómeno delictivo, que no sólo deriva de las grandes organizaciones criminales’’, sino que mucha violencia proviene ahora de los espacios sociales, familiares e incluso laborales.

Destacó las recientes cifras de violencia contra las mujeres, donde 66 por ciento manifiesta haber sido víctima de algún tipo de violencia, 44 por ciento ha recibido agresiones de sus parejas y otro 20 por ciento en sus lugares de trabajo. ‘‘Muchas instituciones locales de seguridad no han evolucionado’’ y muchos estados no cuentan con cuerpos policiacos ‘‘suficientemente sólidos y confiables’’, y en el caso de los municipios, muchos ni siquiera han desarrollado sus propias corporaciones, señaló.

Y dio datos: sólo 14 de las 32 entidades tienen cuerpos policiales en todos sus municipios, y en la mayoría de donde sí los hay, no tienen más de cien elementos. Además, 70 por ciento de los uniformados tiene escolaridad apenas de secundaria o menos, y 40 por ciento cobra salarios mensuales inferiores a 4 mil 600 pesos.

Asimismo, el mandatatio defendió al nuevo sistema de justicia penal. Dijo entender las críticas y preocupaciones, pero ‘‘como toda gran transformación, se requiere de tiempo, esfuerzo y compromiso para que se muestren completamente sus beneficios’’.