Sociedad y Justicia
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El informe fue divulgado en 1993

Extremista ordenó matar a arzobispo de El Salvador en 1980: Comisión de la Verdad
 
Periódico La Jornada
Lunes 14 de agosto de 2017, p. 38

San Salvador.

El ya fallecido ex mayor y militar extremista de derecha Roberto D’Aubuisson ordenó asesinar en 1980 al entonces arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero Galdámez, concluyó la Comisión de la Verdad, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un informe divulgado en 1993.

El polémico D’Aubuisson (1944-1991) fue también investigado por la Comisión de la Verdad como uno de los fundadores de los escuadrones de la muer- te de ultraderecha, que actuaron con la anuencia del Estado.

Fue un dirigente carismático, quien en 1981 fundó además el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó El Salvador por 20 años consecutivos, entre 1989 y 2009. En la actualidad Arena es partido de oposición y tiene mayoría parlamentaria.

De la locura a la esperanza se titula el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, entidad que investigó los hechos más graves de violencia política durante el conflicto armado (1979-1992).

Entre estos sucesos se encuentra el asesinato del arzobispo Romero, cometido el 24 de marzo de 1980, cuando oficia- ba una misa en la capilla del Hospital para Cancerosos Divina Providencia.

Monseñor Romero se había erigido en un reconocido crítico de la violencia y la injusticia (...). Se le percibía en los círculos civiles y militares de derecha como enemigo peligroso, refiere el informe.

“En su homilía del domingo 23 de marzo, el arzobispo hizo una invocación a los propios soldados salvadoreños: ‘Les suplico, les ruego, les ordeno, en el nombre de Dios, (que) cese la represión’”, relató la comisión.

Al día siguiente, alrededor de las 18 horas, Romero murió en el acto tras recibir un disparo en el corazón hecho por un tirador. El hecho ocurrió en el momento de la eucaristía. La orden fue dada por D’Aubuisson.

Los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila tuvieron una participación activa en la planificación y conducta del asesinato, así como Femando Sagrera y Mario Molina, quienes se encargaron de contratar al gatillero. Judicialmente el caso de Romero Galdámez se encuentra en la impunidad, lo que ha sido denunciado por la ONU y la Organización de los Estados Americanos.