La jerarquía católica debe rendir cuentas por la impunidad que gozan sacerdotes y religiosas que han violado los derechos de niños e incluso han abusado sexualmente de ellos, como sucedió en los albergues La Ciudad de los Niños de Guanajuato, sostuvo Aidé García, vocera de Católicas por el Derecho a Decidir. Casos como estos, destacó, siguen siendo un gran daño que se hace a nuestra Iglesia católica, sobre todo por estos ministros de culto.

La Jornada reveló el domingo pasado que el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, encargado de esas casas hogar, así como su ayudante Leandro Martín Bermúdez Armenta y las monjas Hortensia Jiménez Cruz, Xóchitl Chávez Sánchez y Esmeralda de Jesús Suárez Bertury, cometieron maltratos y abusos sexuales contra los niños que tenían a su cargo.

García señaló en entrevista que como creyentes tienen que alzar la voz para que se haga justicia a estas víctimas inocentes y exigir a las autoridades eclesiales que se pronuncien. La Iglesia católica tiene que rendir cuentas ante los delitos que cometen los sacerdotes y las religiosas.

De igual manera, dijo, el cardenal Norberto Rivera tiene que tomar cartas en el asunto, rendir cuentas; incluso de alguna manera tienen que coadyuvar con la Procuraduría General de la República para que las personas involucradas en el caso tengan el castigo que corresponde.

También, añadió, hay muy grave omisión de las autoridades estatales y federales. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tiene gran responsabilidad, porque no ha cumplido con supervisar, vigilar el cuidado y proteger el derecho de la infancia.

Ante la presunta protección que los religiosos habrían recibido de las autoridades, indicó que es preocupante que se proteja esta colusión en conductas criminales, de encubrimiento, por lo que se pronunció por terminar con la complicidad entre sacerdotes, políticos y autoridades. Se violenta el Estado laico porque regularmente los ministros de culto tienen un trato preferencial ante lo que significan las leyes y la responsabilidades jurídicas.

La Iglesia católica, afirmó, ha dejado de cumplir con su función pastoral, de protección a la infancia, sobre todo porque tiene una obligación ante las Naciones Unidas en el Comité de los Derechos del Niño.