El presunto espionaje del gobierno mexicano contra activistas y defensores de derechos humanos pudo extenderse a integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó el caso Ayotzinapa, quienes pudieron ser espiados con el programa Pegasus, que infecta teléfonos celulares y da acceso a la información y los datos almacenados, llamadas, micrófono y cámara.

Señalaron lo anterior integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que dependía el GIEI. En la audiencia del Mecanismo especial de seguimiento de Ayotzinapa, a la que asistieron representantes de la administración de Enrique Peña Nieto, los miembros de la CIDH exigieron una respuesta enfática del Estado mexicano ante esta denuncia. Sin embargo, ningún funcionario se refirió de manera directa a esa revelación.

Los comisionados Esmeralda de Troitiño y James Cavallaro explicaron que recibieron una carta de miembros del GIEI. “Nos informan que varios miembros del grupo, así como el secretario ejecutivo, recibieron en marzo de 2016 mensajes muy parecidos a los que se describen en el informe titulado Gobierno espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México (…) Vamos a comunicar formalmente sobre esta carta al Estado, acabamos de recibirla, pero como estamos tocando este tema, quisiera, como todos en la mesa, y la sociedad civil, escuchar más sobre estas investigaciones”, subrayó Cavallaro.

Los funcionarios mexicanos sólo dijeron que existe el compromiso del gobierno federal de investigar.

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, dijo que las dependencias señaladas (Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional y PGR) ya atendieron las medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en las que se pide a las autoridades no emplear esa tecnología contra defensores y periodistas.

Troitiño preguntó a los funcionarios: ¿Qué autoridades del Estado estuvieron involucradas?

El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, respondió que hay una denuncia contra quienes resulten responsables.