El abasto de gasolinas y permisos para su importación, promovidos por la Secretaría de Energía (Sener), generó un cúmulo de recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dirigidas a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pues ésta no dispuso de mecanismos para sancionar las posibles irregularidades de los permisionarios de transporte, almacenamiento, comercialización, distribución y expendio al público.

El viernes, el auditor Juan Manuel Portal acudió a San Lázaro para hacer entrega del primer paquete de 502 informes individuales de la Cuenta Pública 2016. El concerniente a la comercialización de las gasolinas refiere que durante ese año se otorgaron mil 488 permisos, de los cuales 48.3 por ciento fue para el expendio en estaciones de servicio; 33.7 por ciento para transporte; 9.2 en comercialización; 8.4 para distribución y 0.4 para el almacenamiento.

Aun en el correr del presente año la CRE reportó el 26 de mayo que no había sancionado a ninguno de los permisionarios en el país; esto, advierte la ASF, manifiesta que la CRE requiere de mecanismos y procedimientos orientados a guiar su actuación para aplicar efectivamente las sanciones correspondientes, cuando se identifique un incumplimiento por parte de los permisionarios.

También la citada comisión careció de mecanismos para sancionar las posibles irregularidades de los permisionarios de transporte y distribución por ducto, y de almacenamiento, que están obligados a prestar el servicio de acceso abierto.

Otro rubro observado por el ente fiscalizador es el referente a la competencia en el mercado de las gasolinas. Se constató que, en 2016, para establecer términos y condiciones, la CRE siguió la práctica común de los mercados, ya que sujetó las ventas de primera mano a gasolinas y diésel, a un modelo de regulación asimétrica en que sus términos y condiciones limitaron la participación de Petróleos Mexicanos (Pemex), en tanto se logra la participación de terceros que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados.

Ahí, la CRE acota el papel de Pemex porque despliega mecanismos de supervisión para verificar que la paraestatal cumpla con las condiciones de venta de primera mano. Así, la empresa debe presentar a la Comisión Reguladora el desglose del ­cálculo de los precios, así como los factores de conversión de gasolinas y diésel. No obstante, señala la ASF, no emitió reglas para sancionar los posibles incumplimientos.

Si la CRE no establece mecanismos de sanción para asegurar que se limite el poder de Pemex en el mercado de ventas de primera mano, se puede obstaculizar la entrada de nuevos competidores y se corre el riesgo de que no se propicie el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados.

Dicho cúmulo de observaciones lleva a concluir a la ASF que la Secretaría de Energía no estableció estrategias programáticas y procedimentales en materia de garantía de suministro de petrolíferos y almacenamiento mínimo de petrolíferos, y la CRE careció de mecanismos para sancionar a los permisionarios, deficiencias que pudieran afectar que la política se implemente conforme a su diseño y obstaculizar el desarrollo de un modelo energético eficiente y competitivo; en consecuencia se puede poner en riesgo el suministro continuo y confiable de gasolinas y diésel, en detrimento de la actividad económica del país.