Nueva York.

Donald Trump hizo otro de sus berrinches, ya comunes, al atacar al Departamento de Justicia y los tribunales, intensificó su retórica antimusulmana, impulsó una semana dedicada a sus propuestas para privatizar la infraestructura, pero todo esto no ha logrado desviar la atención del acto político más importante de esta semana, el cual podría poner en jaque a esta presidencia: el primer testimonio público del ex director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) sobre si el ocupante de la Casa Blanca obstruyó la justicia.

James Comey, quien fue despedido por Trump de la dirección de la FBI el 9 de mayo, comparecerá en sesión pública ante el Comité de Inteligencia del Senado el jueves, en lo que muchos consideran el acto político más importante en meses, si no es que años, en Washington. Ofrecerá su versión de por qué fue cesado, cuáles fueron sus intercambios con el presidente sobre la investigación que encabezaba en torno a una posible colusión entre socios de Trump y funcionarios rusos, y si intentó influir o interferir en dicha indagatoria.

Trump estaba contemplando bloquear el testimonio de Comey empleando el mecanismo de privilegio ejecutivo que otorga un derecho limitado de confidencialidad al presidente en sus intercambios con asesores y funcionarios del Poder Ejecutivo, pero la tarde de este lunes funcionarios de la Casa Blanca informaron que no se invocará ese privilegio.

Comey participará en el primer foro público desde su despido, mientras investigaba al elenco de socios cercanos a Trump. Se anticipa que los senadores lo interrogarán sobre versiones de que el ex director estaba preocupado por los intentos de Trump de influir en el caso. Un episodio ocurrió cuando poco después de asumir la presidencia, Trump invitó al director a cenar en privado y supuestamente le pidió lealtad personal, algo que Comey rehusó hacer, protegiendo la independencia tradicional de la FBI. Otro episodio ocurrió semanas más tarde, un día después de que Trump fue obligado a despedir a su cercano asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, cuando el presidente pidió a Comey si podría dejar ir la investigación sobre Flynn.

Semanas después, Trump sacudió a Washington al anunciar el despido de Comey, ya que era la primera vez, desde el Watergate, en que un mandatario se atrevía a despedir al encargado de una investigación en marcha sobre la Casa Blanca.

Pero no fue todo. Las primeras versiones de la Casa Blanca fueron que Trump despidió a Comey por recomendación del sub-procurador general debido a la manera en había manejado la investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton el año pasado, sólo para que Trump dijera días después que ya había tomado la decisión de cesar a Comey, y que al hacerlo tenía en mente la investigación sobre los vínculos de su campaña con los rusos. Para algunos era casi una confesión de obstrucción de la justicia.

La investigación ha crecido desde que Trump despidió a Comey. El subprocurador general se vio obligado a ceder a presiones de legisladores y nombró a un fiscal especial, el también ex director de la FBI Robert Mueller. Y ahora no sólo Flynn, el ex jefe de campaña Paul Manafort y el procurador general, Jeff Sessions, sino también Jared Kushner, yerno e íntimo asesor de Trump, están bajo la lupa de los investigadores por sus relaciones encubiertas con diplomáticos rusos.

Además, avanzan por lo menos tres investigaciones por separado en el Congreso.

Por tanto, la Casa Blanca está haciendo todo lo posible por cambiar de canal. Pocas horas después de los atentados en Londres, Trump envió tuits criticando al alcalde londinense, Sadiq Khan, y utilizó la tragedia para promover su prohibición –congelada en tribunales– contra el ingreso de viajeros procedentes de seis países de mayoría musulmana y criticando a los tribunales estadunidenses por frenarlo.

La mañana de este lunes insistió de nuevo, con otra ola de tuits, pero esta vez atacó incluso al Departamento de Justicia por ceder ante los tribunales al ofrecer una versión más aguada y políticamente correcta de su orden ejecutiva, y no defender la primera versión, más severa.

No sólo eso, también contradijo a su propio secretario de prensa, Sean Spicer, al afirmar que su orden ejecutiva es una prohibición y no una especie de pausa, para el ingreso de personas provenientes de los seis países con población de mayoría musulmana. “Las personas, los abogados y los tribunales lo pueden llamar como quieran, pero yo lo llamo ‘lo que necesitamos’ y lo que es, una prohibición de viajes”, escribió.

Todo eso debilitará el caso ante la Suprema Corte, y abogados que encabezan el esfuerzo para anular la orden ejecutiva expresaron este lunes su agradecimiento al presidente. Neal Katyal escribió en Twitter, no necesitamos la ayuda, pero la usaremos.

En tanto, el presidente arrancó una semana dedicada a su ambiciosa propuesta de fortalecer la infraestructura nacional, y este lunes presentó un plan para privatizar el sistema de control aéreo del país, con la promesa de que lo hará más eficiente y efectivo, aunque críticos de inmediato consideraron el plan como un regalo a los intereses de las grandes líneas aéreas y los promotores de la privatización de servicios públicos.

Versiones que circulan en Washington en días recientes indican que Trump se está preparando para anunciar la revocación de varias de las medidas impulsadas por Barack Obama en la reapertura de relaciones con Cuba.

Mientras, la opinión pública se opone a sus decisiones recientes y su índice de aprobación sigue por los suelos. Sólo 28 por ciento apoya su decisión de retirar al país del Acuerdo de París sobre cambio climático, con 59 por ciento en contra, según una encuesta del Washington Post/ABC News difundida este lunes. La medida más reciente de su aprobación popular, por Gallup, es de 36 por ciento (el más bajo de cualquier presidente en este periodo del mandato).