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Rechazo a que sea vulnerado el derecho de las audiencias
 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de mayo de 2017, p. 27

La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) manifestó su total rechazo al dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que vulnera el derecho de las audiencias; quita facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y deja a disposición de las radiodifusoras la actuación de los defensores de audiencias.

La Asociación que aglutina a la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Observatel, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, El Poder del Consumidor, radiodifusoras indígenas y comunitarias, entre otras, aseguraron que en este momento, en el cual tanto el Congreso como los grandes medios de comunicación han perdido credibilidad y la confianza de la ciudadanía, nuestra endeble democracia precisa un ejercicio de deliberación y argumentos contundentes que trasciendan la simplificación de justificar los retrocesos bajo el falaz argumento de que se protege la libertad de expresión.

Expuso que las modificaciones aprobadas por los diputados “amenazan con volver a dejar a las audiencias desprotegidas ante publicidad engañosa y propaganda disfrazada de información ‘objetiva’”.

Debilita al IFT

Destacó que además debilitan al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al disminuir sus atribuciones de supervisión y vigilancia, con el agravante de que estos actos van en contra de un órgano regulador creado y blindado para dar certeza de que las decisiones en materia de radiodifusión se toman libres de presiones políticas y de los regulados.

Y criticó que las defensorías de las audiencias, como mecanismos para que el público de radio y televisión no puedan ejercer de manera expedita sus derechos porque su operación queda a merced de las decisiones del concesionario.

La AMIC criticó que con las reformas aprobadas las audiencias verán acotados sus derechos, debido a que el artículo 256 se mutila y queda eliminado de la ley el mandato de que el servicio público de radiodifusión deba prestarse en condiciones de competencia y calidad y mediante sus transmisiones brinde los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, además de fomentar los valores de la identidad nacional, con el propósito de contribuir a la satisfacción de los fines estipulados en el artículo tercero de la Constitución.

La mutilación del artículo 256 es especialmente atentatoria contra los pueblos originarios y las poblaciones históricamente vulneradas, pues el principio de pluralidad se ve afectado, argumentaron.