Cada día que pasa desde el 23 de marzo sin que la policía de Chihuahua concrete la detención de los presuntos asesinos materiales e intelectuales de la periodista Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada, crece la probabilidad de que el crimen quede impune, afirma el responsable para México del Comité para la Protección de los Periodistas, (CPJ, por sus siglas en inglés) Jan-Albert Hootsen.

El periodista holandés visitó hace tres semanas Chihuahua en misión de observación para documentar los avances en las pesquisas del asesinato de la reportera, que también escribía una columna para el diario Norte de Ciudad Juárez y dirigía una agencia de noticias.

“Lo que vimos en un primer momento –comenta Hootsen en entrevista– es que las autoridades sí se movieron mucho. Algo positivo del gobernador Javier Corral fue que desde el principio aceptó como probable móvil del asesinato el ejercicio periodístico de Miroslava; lo contrario en muchos otros casos, cuando las autoridades han desestimado y minimizado esa vinculación.

Luego empezaron a decir que ya identificaron a unos sospechosos y que pronto los iban a detener; siguieron las filtraciones de imágenes, las frecuentes conferencias de prensa del gobierno, que más parecerían acciones de relaciones públicas. Y ahí es donde entra la duda y la acción de las autoridades está en lo negativo. Porque no hay detenciones todavía.

Cauteloso, evita hacer juicios de valor y aclara: Sólo sabremos qué tan comprometido está el gobernador Corral con la verdad cuando haya detenciones.

Hootsen agregó que al gobierno del estado también le corresponde ser cauteloso y cuidar la seguridad de la familia de la periodista, de las personas que trabajaban con ella y de otros comunicadores cercanos.

En Chihuahua no existen condiciones para que periodistas que investigan temas como crimen organizado, abuso de poder o corrupción puedan trabajar. Y peor en la sierra Tarahumara, que con la desaparición de Miroslava Creach se convertirá en zona de silencio.