El gobierno federal intensificó ayer las negociaciones con el Senado para tratar de aprobar la ley de desaparición forzada de personas la próxima semana, sin embargo, el tema en el que no hay avance es el de la comisión nacional de búsqueda.

Incluso, los colectivos de familiares de desaparecidos hicieron llegar al Senado sus observaciones, donde destacan que ‘‘los cambios propuestos por el gobierno rompen con el objetivo de abatir la impunidad y la aquiescencia del Estado en este delito’’.

Desde la mañana de ayer jueves, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se reunió en privado con las presidentas de las comisiones dictaminadoras de Justicia, la panista Pilar Ortega; de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña; de Gobernación, la priísta, Cristina Díaz, y la de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz, también del tricolor, para consensuar los cambios al borrador del dictamen.

De la Peña, en entrevista, dijo: ‘‘Yo estoy defendiendo el proyecto con las organizaciones civiles. Tengo un compromiso con ellas, con los familiares de personas desaparecidas, con todos los colectivos. ¿Hay voluntad política del gobierno? Sí, las discusiones son de tipo jurídico y el fundamento se da desde todas las partes para la construcción de un precepto que tenga un sustento constitucional’’.

–¿Cuál es la propuesta de los familiares? Una policía nacional de búsqueda o que no participen? –se le preguntó

–Lo que quieren los familiares de personas desaparecidas es que no participen (en la localización) los policías que estuvieron señalados como perpetradores de la desaparición forzada, y estoy totalmente de acuerdo.

‘‘El debate es cómo garantizamos que la entidad de manera unilateral –el gobernador o el fiscal– no influyan en la integración de la comisión estatal de búsqueda; es decir, que no se proponga a quienes no son idóneos para estar ahí.’’

Ese, insistió De la peña, es el punto clave para destrabar la desconfianza de las familias respecto de las terribles experiencias que tienen en los estados. Anunció que este viernes se reunirán en el Senado familiares de desaparecidos con el gobierno federal y las comisiones dictaminadoras para analizar la propuesta gubernamental.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México hizo llegar sus observaciones al Senado. Destacan que ‘‘se vuelve a condicionar y subordinar las acciones de búsqueda a la calificación jurídica. Ello tendrá dos consecuencias: saturaciones en fiscalías especializadas e ineficacia en la localización de las personas dentro de las primeras 72 horas.

‘‘Las acciones de búsqueda en campo dependen de las facultades de las autoridades ministeriales, de sus límites y de su voluntad. La comisión nacional de búsqueda termina siendo auxiliar de la fiscalía, perdiendo su capacidad operativa y eficacia.’’

Los colectivos acusaron finalmente que ‘‘la comisión de búsqueda ‘‘no recupera la naturaleza de la propuesta por las familias, acordada con el Senado y con el gobierno federal.