Reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en relación con la emisión de alertas de género requiere elementos sustanciales que no sólo modifiquen los plazos para decretarlas, sino que aclaren a qué autoridades se les notifican, coincidieron los observatorios Ciudadano Nacional del Feminicidio, y de Género, Violencias y Derechos Humanos.

La Cámara de Diputados aprobó ayer un dictamen que reforma el artículo 25 de la citada ley en el que se precisa que el procedimiento para emitir la declaratoria de alerta tendrá un plazo de 60 días para sustanciarse y propone que la Secretaría de Gobernación notifique de ésta a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los estados y a los municipios.

María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, señaló que informar a los tres poderes de las entidades correspondientes es plasmar lo que ya está en práctica al menos en las recientes dos alertas. Y en cuanto a reducir el plazo, que abarcaba casi siete meses a 60 días, queda pendiente conocer qué modificaciones se realizarán al reglamento sobre quiénes formarán parte del grupo interdisciplinario que trabajará el informe que concluirá si se decreta la alerta de género.

Sin embargo, apuntó que la ley actual requiere modificaciones mucho más sustanciales como la construcción de un mecanismo de seguimiento una vez que se haya entregado el informe con las recomendaciones a los estados, y especificaciones sobre quiénes conforman el grupo de investigación, que sean expertos, no sólo académicos, y profundicen más en la violencia contra las mujeres. Así como determinar indicadores para vigilar cómo avanzan las autoridades.

En este sentido, el Observatorio de Género, Violencias y Derechos Humanos coincidió en privilegiar los indicadores, y en señalar que las reformas planteadas a la ley son administrativas e institucionales.

Por su parte, Pablo Navarrete, coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, saludó las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados, pues el plazo de 30 días que actualmente establece la ley para que el grupo interdisciplinario realice su informe es muy apretado, pero, sobre todo, dijo se reducen cinco meses para la emisión de declaratoria.

Señaló que actualmente hay 22 estados con 23 procedimientos en trámite de alerta de violencia de género. De éstos, seis han sido declarados: estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León y Veracruz. Y en tres entidades no se determinó tal acción: Baja California, Guanajuato y Querétaro.