Buenos Aires.

La dirigente social Milagro Sala, detenida desde hace más de un año en la provincia norteña de Jujuy, pidió perdón al pueblo argentino por un intento de suicidio, en una carta conmovedora, y denunció que, además de que la condenaron a tres años de cárcel por un delito que no cometió, continúan armándole causas y han pagado a una mujer, cuyo abogado es amigo del gobernador Gerardo Morales, para hostigarla en la prisión.

Esto sucede en momentos en que se conoció aquí que en un documento del estadunidense Departamento de Estado se consideró arbitraria la prisión de Sala, como lo determinó una comisión de la Organización de las Naciones Unidas, y de la misma manera se condena lo actuado por el gobierno de Mauricio Macri contra la libertad de expresión.

Sorpresivamente, el Departamento de Estado alertó sobre la libertad de expresión en Argentina por la derogación de la Ley de Medios y la censura que sufrió a principios de 2016 Roberto Navarro, cuando debió cancelar su programa por una censura directa desde la Casa Rosada.

Persecución a periodistas

La persecución contra periodistas se agudiza con más de 2 mil 800 despedidos por razones políticas, otros amenazados, al igual que sucede con dirigentes sindicales y sociales, acciones violentas como las que se registraron contra el diario Tiempo Argentino, y un centenar de denuncias más.

Por su parte, Sala denunció que con su detención se intenta encubrir la corrupción gubernamental en Jujuy. “Uno de los tantos negocios son los 300 millones de pesos que ha hecho desaparecer Gerardo Morales con su hermano Freddy y su patota (pandilla) de funcionarios del Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo”, aseguró.

En referencia a su futuro en la cárcel, Sala dijo: todo esto, lamentablemente, es lo que a mí me puso mal. Y también la sentencia que me han dado en diciembre sin ninguna prueba. Y si los juicios contra mi persona van a ser así, de tantas causas que me han armado, voy a terminar con cadena perpetua.

En tanto, el periodista político Santiago Cúneo denunció que su programa de televisión fue levantado de Canal 26 y responsabilizó al gobierno de Mauricio Macri por presiones sufridas.

Según el conductor de la emisión 1+1=3, Macri se enojó porque el periodista cuestionó con pruebas y argumentos un informe del Grupo Clarín.