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Están acusados de usurpación de identidad y fraude cibernético

La Fepade consigna a ex consejeros electorales y empresarios de Chiapas

El informe presentado por Santiago Nieto no señala quiénes serían los detenidos

En los comicios del 19 de julio de 2015 hubo irregularidades para el diputado migrante

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En la sesión celebrada el 11 de mayo de 2015, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aprobó la remoción del total de consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas por incurrir en irregularidades en la elección del llamado diputado migranteFoto Cuartoscuro
Reportero y corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 2 de marzo de 2017, p. 27

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) consignó (solicitó a un juez girar órdenes de aprehensión) a los consejeros electorales de Chiapas y empresarios de esa entidad por usurpación de identidad y fraude electoral cibernético durante los comicios del 19 de julio de 2015, debido a que el Ministerio Público Federal confirmó que un número no especificado de ciudadanos fue excluido ilegalmente del listado nominal porque supuestamente solicitaron votar en el extranjero, sin que hubieran realizado tal petición.

En el informe de labores presentado en días pasado por el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, se menciona como uno de los casos exitosos la investigación y consignación que ese organismo realizó con relación a los consejeros electorales de Chiapas y empresarios por usurpación de identidad y fraude electoral cibernético.

El documento no señala quiénes son las personas a detener, pero se debe recordar que el 19 de febrero de 2016 tres de los siete consejeros fueron destituidos de sus cargos: Carlos Enrique Domínguez Cordero, Ivonne Miroslava Abarca Velázquez y Margarita Esther López Morales, por irregularidades graves en la integración del listado nominal de quienes participaron en el proceso para la elección del diputado migrante en la entidad.

Sin embargo, meses después, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la destitución de los tres consejeros y ordenó también el cese de los cuatro restantes, en atención a una impugnación del PRD en ese sentido.

En acatamiento a la sentencia del TEPJF, el 18 de mayo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en sesión extraordinaria urgente, ordenó también la remoción de María de Lourdes Morales Urbina, Lilly de María Chang Muñoa, María del Carmen Girón López y Jorge Manuel Morales Sánchez, como consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) del estado.

En consecuencia, el Consejo General instruyó a la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del INE para que realicen las acciones para la selección y designación de los siete consejeros electorales locales de Chiapas a más tardar el 31 de mayo siguiente.

La consignación de los consejeros del IEPC está relacionada con la elección fraudulenta del diputado local Roberto Pardo Molina, encargado de representar a los chiapanecos radicados en el exterior.

El 11 de diciembre de 2015, cinco meses después de haber sido elegido, Pardo Molina, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue desaforado por el Congreso local tras descubrirse el fraude y luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas presentó a la legislatura estatal la solicitud de desafuero para que se le iniciara el proceso penal respectivo.

El legislador también fue expulsado del PVEM porque existe la comisión de un delito que provoca desprestigio al partido, argumentó el dirigente estatal del organismo, Eduardo Ramírez Aguilar.

De acuerdo con diversas versiones, en la lista nominal para elegir al diputado migrante se encontraron nombres de personas que nunca han salido de Chiapas y, por tanto, cuando intentaron votar por los candidatos de sus municipios y distritos no pudieron hacerlo porque no aparecían en la lista nominal.

Para elegir al llamado diputado 41, los chiapanecos fuera de México debieron registrarse vía correo electrónico, pero de acuerdo al listado de registro unas mil solicitudes se habrían hecho desde computadoras del mismo órgano electoral.

El documento de la Fepade refiere que este delito se encuentra previsto en el artículo 13, fracción I, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y señala que diversas personas refieren que al momento de acudir a emitir su voto, al entregar su credencial a la presidenta de casilla para que fueran localizados en la lista nominal, no se encontraron, por tal motivo, acudieron a otra casilla, y al llegar a la misma arrojó los mismos resultados.