l 26 de mayo de 2003 perdieron la vida en un accidente de aviación 62 militares españoles al regresar de Afganistán, donde cumplían una misión de paz. Casi 14 años después de esa catástrofe, oficialmente se reconocieron las graves irregularidades que originaron la tragedia. También cómo el gobierno, entonces presidido por José María Aznar, ocultó datos fundamentales a los familiares de las víctimas y a la ciudadanía.

En la muerte de los militares, todo huele a corrupción. Comenzando porque el Ministerio de Defensa pagó 149 mil euros por el vuelo, a cargo de una empresa de Ucrania que apenas recibió 36 mil 500. La diferencia se la quedaron intermediarios hasta hoy desconocidos. Además, se contrató un seguro con una agencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por 70 mil euros por cada pasajero. Tal seguro no existía, por lo que a los deudos de las víctimas se les tuvo que pagar con fondos públicos.

A lo anterior se suma la identificación precipitada y errónea de los cadáveres por los servicios médicos del ejército. Igual de precipitada fue la ceremonia para rendirles los honores correspondientes. A los deudos se les impidió abrir los féretros, pero les aseguraron que los cadáveres estaban plenamente identificados, lo cual no era verdad.

Durante 14 años las familias de los 62 militares muertos fueron tratadas de mala manera por el gobierno de Aznar y por el actual de Rajoy. En busca de justicia y la verdad acudieron al Consejo de Estado, que finalmente falló en favor de ellas hace dos semanas.

Cuando ocurrió el accidente, el ministro de Guerra era Federico Trillo, quien también fue presidente del Congreso. En vez de ser juzgado por su negligencia y por mentir, Rajoy lo nombró en 2012 embajador ante el Reino Unido.

El fallo del Consejo de Estado despertó una airada protesta ciudadana y de los medios contra ambos funcionarios. Al grado de que el gobierno no tuvo más remedio que solicitarle la renuncia a su embajador, aunque Trillo dijo haber dimitido. Pero en vez de alejarse de cualquier cargo público para siempre, pretende retornar como integrante del Consejo de Estado, el mismo que condenó al gobierno por las irregularidades cometidas con los militares muertos y sus deudos.

La actual encargada del Ministerio de Defensa, María Dolores de Cospedal, muy cercana a Rajoy, pidió recientemente perdón en nombre del Estado y reconoció los errores cometidos por el ministerio a su cargo y el gobierno.

Los deudos no exigían indemnización fuera de la ya dada. Sólo dignidad en el trato y condena al mayor responsable de la tragedia: Trillo. Cuando el mes pasado a Rajoy le preguntaron sobre el accidente de 2003 y la protección que daba a su amigo, respondió que la tragedia había ocurrido hacía mucho tiempo.

No tanto como para hacer, finalmente, un poco de justicia.