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Ministros del instituto consideran que prevaleció la libertad de expresión

La decisión del TEPJF en el caso Moreno Valle no mina nuestra autoridad: INE
 
Periódico La Jornada
Martes 20 de diciembre de 2016, p. 11

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no le dio palo al Instituto Nacional Electoral (INE) al ordenar la revocación de sus medidas cautelares para que una entrevista del gobernador Rafael Moreno Valle hecha por el periodista Joaquín López Dóriga se bajara del portal de Internet de Televisa. Por el contrario, lo que se pone de manifiesto es el virtuoso diseño institucional del país, en el que no cabe la discrecionalidad de la autoridad electoral, afirmó Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.

La consejera Beatriz Galindo, integrante del Comité de Quejas y Denuncias, señaló que los criterios jurídicos siempre son motivo de interpretación y en este caso, dijo, el tribunal resolvió sobre el tema de la libertad de expresión del mandatario poblano. El problema es que eso no formó parte de la discusión en el instituto, sino su reiterado comportamiento de hacerse promoción, añadió.

Han habido “infinidad de casos previos en los que se ha denunciado la actuación de Moreno Valle para promover su imagen y el INE ha tomado decisiones para asegurar la equidad en la contienda, las cuales han sido avaladas por el tribunal, comentó la consejera Adriana Favela. De esa forma también descartó que con la más reciente resolución de los magistrados se mine a la autoridad electoral.

Durante una reunión con reporteros, con motivo del fin de año, la consejera mencionó que entre 2014 y 2016, el INE ha emitido 433 acuerdos, de los cuales 29 fueron revocados por el TEPJF y sólo en este año van 146 con 12 revocaciones.

En su oportunidad, la consejera Pamela San Martín coincidió en que el TEPJF no frenó la tutela preventiva del INE, y más bien se pronunció en favor de la libertad de expresión de Moreno Valle, lo que el instituto nunca cuestionó. La resolución servirá para el diseño de las reglas que se aplicarán en 2018 durante la que será el proceso electoral más grande que haya habido en el país, en el que se deberá prever la diferencia entre libertad de expresión, promoción de la imagen pública y uso inadecuado de recursos del erario.