Inestable en sus criterios, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) enfrenta la paradoja de sus inconsistencias.

Mientras hace frente a un litigio contra la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para respaldar su resolución que ordena a esa oficina abrir la mayor parte de la información sobre los planes de vuelo de las aeronaves asignadas al jefe del Ejecutivo, la semana pasada decidió clasificar las bitácoras de los helicópteros en que viaja el mandatario.

Los vaivenes en los criterios institucionales tienen un factor central: la asistencia de los comisionados al pleno de las sesiones del Inai. En julio de 2015, cuando el instituto discutió el recurso de acceso a la información que buscaba conocer los planes de vuelo de todas las aeronaves que operaban para la Presidencia de la República, el organismo sólo determinó reservar dos aspectos: el personal del Estado Mayor Presidencial adscrito y la velocidad y altura de los vuelos.

Sin embargo, la resolución subrayó que el origen y el destino, así como los horarios, eran de carácter público y ordenó la entrega de la información al solicitante. En aquella sesión estuvieron los siete comisionados, de los cuales Areli Cano, Francisco Javier Acuna, Óscar Guerra y Joel Salas votaron por la apertura de la información, frente al rechazo de la presidenta del Inai, Ximena Puente, Rosendoevgueni Monterrey y Patricia Kurczyn.

Rechazo a argumentos

Con ello dijeron no a los argumentos de la Presidencia, de que los datos de origen y destino, que implicaban conocer los puntos de despegue y aterrizaje, ponían en riesgo la seguridad del Presidente. Si bien la solicitud abarcaba no sólo los vuelos del mandatario entre julio y octubre de 2014, sino la totalidad de las operaciones de esas aeronaves, la Presidencia sólo accedió a hacer públicos los planes de vuelo de las giras oficiales del mandatario y clasificó el resto.

Para el Inai, entonces, esa información debería ser pública, lo cual motivó que en septiembre de 2015 ocurriera uno de los primeros casos en que se aplicó la única excepción al precepto de que las resoluciones del instituto son definitivas e inatacables (cuando la Consejería Jurídica considere que hay riesgo para la seguridad nacional), pues podría abrir la puerta para que grupos delincuenciales accedieran a patrones de vuelo de las aeronaves.

Aunque el Inai ya presentó en su momento los alegatos correspondientes en favor de la resolución, el asunto no ha sido discutido por los ministros, pero la semana pasada, ante una solicitud de acceso a la información que sólo requería las bitácoras de vuelo de los helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana asignados al Presidente, el instituto ahora fue en sentido contrario de lo que litiga en su favor en la Suprema Corte.

Con la ausencia del comisionado Joel Salas –quien participaba en París en la cumbre de Gobierno Abierto–, el recurso fue resuelto sólo por los otros seis comisionados, y para efectos prácticos, por su voto de calidad, por la presidenta Ximena Puente.