Grupo Rivada acusó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de recurrir a estrategias legales para retrasar la definición del juzgado que conocerá el recurso de amparo solicitado por este grupo, y ganar tiempo para firmar el contrato de la Red Compartida con Grupo Altán.

Rivada inició su defensa legal por considerar que fue descalificado de la licitación de la Red Compartida de manera ilegal, y que la SCT hizo una adjudicación directa de ese proyecto.

En un hecho sin precedente, el pasado viernes 7 de diciembre el décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito decidió aplazar indefinidamente la resolución del Conflicto Competencial 32/2016, asunto en el cual debe establecerse qué juzgado de distrito conocerá del juicio de amparo indirecto promovido por Consorcio Rivada el 7 de noviembre pasado.

Rivada explicó que la estrategia de la SCT consistió en que la dirección general de política de telecomunicaciones y radiodifusión (DGPTR) presentó el 7 de diciembre de 2016 a las 11:27 horas una Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que considere ejercer tal facultad con respecto al juicio de amparo indirecto promovido por Consorcio Rivada y materia del conflicto competencial.

Una medida que claramente tiene el propósito de retrasar la revisión de la reclamación de Consorcio Rivada para dar tiempo a la SCT de firmar el contrato de APP con Altán y con ello consumar la ilegalidad de sus actos, cristalizando el daño tanto a la población como a Consorcio Rivada.

Rivada acusó que la actuación del tribunal colegiado resulta oficiosa y parcial. Desatiende un plazo legal a favor de Consorcio Rivada y, en cambio, actúa en función de la consigna de una autoridad que no es parte del conflicto competencial y que no tiene legitimación alguna para actuar en el mismo. Es decir, la actuación del tribunal colegiado es ilegal.

Asimismo, afirmó, resulta inadmisible que en un país de leyes e instituciones como México, una demanda de amparo que debió admitirse y estudiarse desde hace más de un mes quede condenada a la indefinición, en una franca denegación de justicia. Con ello, la tutela judicial efectiva que garantizan la Constitución federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, resulta ilusoria.

Consorcio Rivada aseguró que continuará su labor para que los planteamientos que ha realizado ante los tribunales federales sean escuchados y estudiados.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe, han insistido en que el proceso se hizo con apego a la ley y a las bases del concurso.