La corrupción y la impunidad se han posicionado como graves déficit en la democracia, que impiden un adecuado desarrollo social e institucional, aseguró el director jurídico de la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF), Gabriel Santiago López, durante el conversatorio El día internacional contra la corrupción desde la perspectiva de los órganos de control.

Destacó que frente a estas malas prácticas, las autoridades, las organizaciones civiles, los medios de comunicación, el sector privado y la ciudadanía están uniendo fuerzas para combatir la opacidad, la desinformación, la deshonestidad y la corrupción, desde sus respectivos ámbitos.

El contralor interno de la CDHDF, Hugo Manlio Huerta Díaz de León, consideró fundamental determinar lo que será la operatividad y complemento de los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con la finalidad de evitar distorsiones en los ámbitos de competencia, responsabilidad, atribuciones y sanciones.

En tanto, la contralora general de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, María de la Luz Torrijos Villaseñor, dijo que es necesario establecer perfectamente la norma con la entrada en vigor del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, para evitar distorsión en los criterios a utilizar en el encuadre de los posibles delitos cometidos por funcionarios que manejan recursos públicos, donde se determine qué es grave y qué no.

Por su parte, el contralor general de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Andrés Sánchez Miranda, retomó el caso de los nombramientos de los contralores en las dependencias e instituciones, y se manifestó por que se revise la forma de determinar sus nombramientos para garantizar su autonomía, el alcance sancionador de las contralorías y el trabajo intenso en las acciones preventivas.

Igualmente, la contralora del Tribunal Electoral del Distrito Federal, Érika Larios Medina, dijo que las condiciones legales y normativas deben centrarse más en la prevención, los códigos de ética, las declaraciones patrimoniales, la rendición de cuentas y los datos personales.