Ciudad Juárez, Chih.

El gobierno del estado hará una serie de ajustes en su administración, como reducción de personal, cancelación de puestos vacantes e incentivos a los ciudadanos morosos para que paguen sus impuestos, a fin de poder solicitar un préstamo por 2 mil 800 millones de pesos para el próximo año, aparte de los mil 800 que pidió al inicio de la administración de Javier Corral Jurado.

El secretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes Vélez, informó que pidió al Congreso local aprobar una deuda (bursatilización) por 2 mil 800 millones de pesos para 2017, cuyos tres primeros meses serán fundamentales para solicitar el crédito, pues se debe analizar el monto recaudado en relación con el pago de los impuestos estatales.

En caso de que se apruebe la deuda, precisó, pedirán 2 mil 800 millones de pesos y no 3 mil 600 millones, como planteó este jueves la presidenta del Congreso estatal, la diputada panista Blanca Gámez.

A largo plazo

Señaló que el nuevo empréstito será a largo plazo, por lo que harán uso de los recursos de las carreteras de cuota, aunque primero buscarán atraer a los morosos para que se regularicen, rubro por el que esperan recaudar 750 millones de pesos.

Agregó que por el momento no hay fecha para solicitar la deuda; sin embargo, harán un profundo análisis de todos los ajustes hechos en las dependencias por recortes de personal y gastos no primordiales. Comentó que el gobernador Javier Corral privilegia el uso de las tecnologías de la información al ofrecer videoconferencias en lugar de viajar; asimismo, cerrarán 300 plazas vacantes en el gobierno.

Para obtener un ahorro considerable se maneja la restructuración de la deuda bancaria a largo plazo, la cual plantea tener una reserva de 300 a 400 millones de pesos por año, pues se gastan 2 mil millones de pesos por capital e intereses. Explicó que se abrirán los créditos del gobierno para que los bancos presenten mejoras en el tema de la tasa de interés.

En el proyecto que presentó a los diputados locales se consideran ingresos por 58 mil 356 millones de pesos, lo cual representa una disminución de 5.9 por ciento respecto del ejercicio de 2016.

El funcionario especificó que esto es consecuencia de las condiciones de déficit operativo y endeudamiento en que se recibieron las finanzas de la anterior administración estatal.

Fuentes Vélez destacó que salud, educación, desarrollo social y atención a pueblos indígenas no sufrirán reducción presupuestal.

Piden auditar al TSJE

Con 29 votos a favor, de un total de 33 legisladores locales, el Congreso estatal aprobó que la Comisión de Fiscalización instruya a la auditoría superior del estado realizar una revisión especial y urgente al Tribunal Superior de Justicia Estatal (TSJE) sobre el ejercicio de 2016, que está por concluir.

El asunto fue presentado este viernes por el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Francisco la Torre Sáenz, el cual fue aprobado de manera urgente.

La Torre Saénz expuso que desde hace varios años no se realiza una auditoría al Poder Judicial, por lo que en aras de impulsar la transparencia en el uso del recurso público, y a fin de conocer la utilización que éste tiene, se hace esta solicitud, remarcó.

Se solicitó revisar las contrataciones de personal, servicios generales, adquisición de mobiliario, mantenimiento y reparaciones al inmueble de la denominada Ciudad Judicial, así como servicios personales, arrendamientos y seguridad.

El legislador mencionó además la necesidad de una auditoría de gestión o de legalidad al nombramiento de 72 jueces provisionales, a fin de conocer si cumplieron los requisitos señalados en la ley.

En octubre pasado organizaciones civiles se ampararon en contra de la convocatoria del TSJE para nombrar a 72 jueces, porque no se solicitaba un perfil de género ni se les pedía que fueran honorables y capacitados para evitar que fueran juzgadas personas torturadas por autoridades.